Qué observar. Hace unos días, el medio Reuters reveló que la minera Aclara Resources —filial de la canadiense Hochschild Mining—, planea invertir cerca de US$ 1.300 millones en minas de tierras raras en Brasil, Chile y proyectos de procesamiento en Estados Unidos.
Estados Unidos y Brasil. La inversión de US$ 1.300 millones está orientada también a dos proyectos en Estados Unidos: una planta de aleaciones metálicas de tierras raras y otra para la separación de estas, según declaró al citado medio el vicepresidente ejecutivo de la compañía, José Augusto Palma.
Única iniciativa. La iniciativa impulsada por Aclara busca instalar una planta de extracción del mineral desde arcillas y producción del concentrado de tierras raras.
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Tras la destitución de ambos jueces, la poderosa Tercera Sala cambió controvertidos enfoques en salud y medio ambiente. También adoptó una línea de no intervenir en el fondo técnico de las decisiones en proyectos que aún están en evaluación ambiental, sino a revisar errores en materia de Derecho. Hay varios ejemplos.
Elmer Cuba, exsocio de Macroconsult y exdirector del Banco Central peruano, cursó un magíster en la Universidad Católica de Chile, donde dice a Ex-Ante que sus “mejores profesores de la UC fueron Vittorio Corbo, Felipe Larraín y Rodrigo Vergara”. Y recordó un curso de econometría que Jorge Quiroz fue a dictar a Lima, Perú.
En una nueva sesión del Comité de Ministros se destrabaron dos iniciativas detenidas: la ampliación del terminal portuario de Valparaíso y la segunda mayor inversión de transmisión eléctrica en evaluación ambiental. A la fecha, el Gobierno ha destrabado inversiones por cerca de US$ 11.300 millones.
Si la preocupación es profundizar el mercado de capitales y mejorar el desempeño empresarial, la agenda debe avanzar hacia mecanismos que fortalezcan el valor del directorio como garante de confianza frente al mercado.
Las tramitaciones de proyectos de inversión están experimentando un fenómeno: son destrabadas por el Comité de Ministros, pero terminan judicializadas en los tribunales ambientales. Maratué, Minera Caserones, Los Coihues y Embalse Zapallar son cuatro casos que reflejan esta tendencia.