Toma de San Antonio: El plan del gobierno para la expropiación de los terrenos usurpados y la reacción de los dueños

El sorpresivo anuncio -a solo dos días del plazo judicial establecido para desalojar la toma- contempla conjuntos habitacionales para los ocupantes ilegales de los terrenos. La modalidad escogida por La Moneda es considerada por expertos un estímulo para nuevas usurpaciones, además de perjudicar a familias que postulan a una vivienda cumpliendo las reglas. Siempre existió la sospecha de que el Ejecutivo buscaba estirar el plazo para después de la segunda vuelta y trasladarle el problema al nuevo gobierno. Con la medida, logra esos dos objetivos.

Lo nuevo. El Gobierno anunció que expropiará 100 de las 215 hectáreas tomadas por un monto de $ 11 mil millones, equivalentes 0,23 UF el metro cuadrado. Según sus representantes, los dueños pedián 0,40 UF, por lo que impugnarán el precio estipulado.

• En los próximos días se publicará en el Diario Oficial el decreto del plan de expropiación y posteriormente se hará público. En esta instancia los propietarios pueden cuestionar el valor del precio y solicitar que peritos valoricen el terreno.
• El desalojo de las hectáreas que permanezcan tomadas -vale decir, que no se trasladen a los terrenos expropiados por el Ejecutivo- se realizará después de la segunda vuelta presidencial, plazo que siempre buscó el gobierno para evitar costos electorales.
• Pese a que actualmente son 215 las hectáreas tomadas -donde se calcula que viven unas 12.000 personas- en el Ejecutivo señalan que en las 100 hectáreas se pueden instalar a la totalidad de los habitantes. También afirman que, como el gobierno ya había ofrecido comprar las 100 hectáreas -el Minvu tiene diseñado un plan para eso.
• Los dueños de los terrenos de la megatoma- que lleva seis años- se reunieron tras el anuncio para analizar la medida, que según sus  críticos entrega una señal muy compleja, al estimular más tomas en el futuro. Durante todo su mandato, el actual gobierno siempre postergó una solución, argumentando que era inviable un desalojo de esa magnitud.
• “El Minvu está pidiendo $11.000 millones para comprar – vía expropiación- terreno de megatoma de San Antonio. Esa plata NO existe debido a la enorme deuda que dejará el ministro Montes”, posteó el arquitecto Iván Poduje, quien es señalado como posible ministro de Vivienda de José Antonio Kast.

La reacción de los dueños. Si bien los propietarios estaban convencidos de que el gobierno sacaría a última hora una carta de la manga para evitar cumplir el plazo dado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso para el desalojo, fuentes cercanas a la Inmobiliaria San Antonio, señalan que el anunció los tomó por sorpresa y los dejó “en estado de shock”

• A la inmobiliaria también le molestó la insistencia del ministro de la Vivienda, Carlos Montes, en culparlos por haber, supuestamente, colocado un precio mayor al mercado, impagable.
• “Eso es falso”, dijo a Ex-Ante un representante de la inmobiliaria que estuvo en las negociaciones.
• “Los propietarios presentaron dos tasaciones: una de 1 UF por hectárea y la otra de 0,80 UF. El Ministerio presentó una de 0,20, unas cinco veces más baja. Después de eso, los dueños se bajaron dos veces, hasta llegar a 0, 40. Esa fue la última oferta, que al ser rechazada por el gobierno rompió las conversaciones. Un precio de mercado sería de alrededor de 0,6 UF”, afirmó
• El anuncio de la expropiación fue realizado en La Moneda, con tres ministros: Montes, la vocera Camila Vallejo, y Álvaro Elizalde, ministro del Interior.  Montes, con un semblante severo, apuntó contra los dueños de los terrenos.
• Pocas horas antes del anuncio, la inmobiliaria había divulgado una dura declaración por la falta de información de las autoridades a dos días de la fecha del desalojo.
• “Ninguna de las autoridades a cargo se ha contactado con los propietarios, a pesar de los numerosos intentos para obtener información del inicio del proceso de desalojo. Una vez más el Estado abandona en la incertidumbre a estos propietarios, que desde el inicio de la toma de su terreno han realizado todo lo que ha estado a su alcance para recuperar su propiedad”, señalaron.

Fechas clave. El 5 de noviembre la Corte de Apelaciones de Valparaíso estableció un plazo de 30 días para desalojar la megatoma, que abarca 215 hectáreas y comenzó hace seis años. Se calcula que hoy tiene más de 4.000 familias, 12.000 personas en toral

• La resolución del tribunal instruía a la Municipalidad de San Antonio y a los ministerios del Interior, Seguridad Pública, Vivienda y Urbanismo, Bienes Nacionales y Desarrollo Social y Familia a tener un albergue para los ocupantes.
• El 22 de marzo de 2024 la Corte Suprema había ratificado el desalojo, pero ante el nulo avance la empresa Constructora Inmobiliaria San Antonio ingresó una solicitud a la Corte de Apelaciones de Valparaíso el 23 de octubre para “acceder a lo solicitado”.
• Los dueños interpusieron dos solicitudes de cúmplase seguida para que la Corte fijara una fecha para el desalojo.

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