Toma San Antonio: el negocio clandestino de las cooperativas y la amenaza de la violencia para el desalojo

600 mil pesos cobraban las cooperativas a desalojados para que pudieran construir en la zona expropiada. Esta vez no habrá posibilidad de ser relocalizado en otros sectores. Por eso autoridades observan con preocupación el desalojo que tiene como fecha tentativa el 30 de junio.

Qué observar. El nombre lo dice todo: Fuerza Guerrera. Así se llama uno de los sectores de la megatoma de San Antonio. Gente que ha participado en las reuniones de coordinación dice que la actitud del actual Gobierno es mucho más severa que la del anterior. Las víctimas no son las cooperativas sino la empresa inmobiliaria, se comenta.

• Cercanos al proceso explican que los representantes oficialistas acusan de negligencia a los actores que participaron en el proceso de desalojo pasado. El tema se paralizó a principios de marzo.
• Cuando llegaron las nuevas autoridades no había catastro ni planimetría. Otra persona que estuvo en las conversaciones dice que hay un sumario cursado a funcionarios que participaron en el proceso anterior. Se detectaron una serie de irregularidades y falencias en el proceso de desalojo, lo que obligó a reformular y replantear el plan.
• Finalmente se logró establecer que en los 395 sitios catastrados se contabilizaron 1.029 habitantes: 523 hombres, 500 mujeres, 16 embarazadas, 362 personas menores de 18 años, 80 mayores de 60 años, 223 migrantes, 66 personas con discapacidad y 522 mascotas.
• Sobre los 306 sitios no catastrados, el Minvu usó información correspondiente a 2024. Según esos antecedentes, existen 306 hogares con un total de 687 habitantes: 359 hombres, 328 mujeres, 142 menores de edad, 37 personas mayores de 60 años, 310 migrantes y 34 personas con discapacidad.

El giro. No sólo hubo un giro en el discurso, hacia una postura más dura contra las tomas ilegales. Además las reuniones semanales con la delegación presidencial y una mesa multidisciplinaria han sido mucho más amplias. Anteriormente no participaba la gente del Ministerio de Seguridad y ahora ha tenido un rol importante. En todas las reuniones ha expresado su preocupación por un rebote de violencia en la zona a desalojar.

• Este desalojo es distinto, dicen conocedores, porque en el anterior se permitía a los desalojados relocalizarse en los terrenos que van a ser expropiados. Recordemos que el gobierno de Boric estableció que la mitad de la toma iba a ser desalojada y la otra mitad sería expropiada, dando paso a un proyecto habitacional para los comités de vivienda.
• Esto provocó molestia en los propietarios cuyo objetivo es recuperar el 100 % de los terrenos y no solo la mitad.
• De hecho, causó extrañeza una especie de negocio clandestino que hicieron las cooperativas integradas por vecinos que son parte de la toma. A los pobladores desalojados les cobraban 400 mil pesos para optar a un terreno expropiado y 200 mil por el derecho a construir. De esta forma muchos pobladores se cambiaron de casa, pero sin dejar la zona. No tuvieron que ir a albergues.
• El delegado presidencial tiene una postura bastante firme en relación a llevar adelante el desalojo. Además se ha establecido que la víctima es la empresa y no las personas que se han tomado ilegalmente los terrenos. La última reunión será el próximo miércoles a las 14: 30.

La empresa. Inmobiliaria San Antonio mantiene la voluntad de llevar maquinaria para llevar adelante la demolición. También va a seguir con el plan de cercado y zanjado para impedir nuevas tomas.

• Fuentes cercanas al proceso advierten que hay una diferencia en cuanto a la gestión y la actitud del actual gobierno. Reconocen que se pidió durante mucho tiempo un catastro efectivo, y al final hubo que recurrir a la Justicia. “La continuidad del procedimiento requiere la consolidación de dos insumos técnicos principales”, dijo un informe del Ministerio del Interior recibido el 29 de mayo por el Poder Judicial.
• “El primero corresponde a la actualización y consolidación del catastro social y territorial de las personas y estructuras que permanecen en los sectores pendientes”.
• “Dicho antecedente resulta necesario para identificar la población efectivamente involucrada, eventuales situaciones de especial vulnerabilidad y necesidades de coordinación social o transitoria”.
• “El segundo corresponde a la planificación policial y de seguridad asociada al eventual auxilio de la fuerza pública, materia que por su naturaleza requiere reserva y coordinación técnica especializada, a fin de resguardar la seguridad de las personas, funcionarios públicos, personal policial, vecinos, equipos técnicos y demás intervinientes”.

El día D. Este último aspecto es el que más preocupación genera en el ministerio de Seguridad. Quienes conocen la toma, señalan que algunos de los sectores que quedan por ser desalojados son los más bravos. De ahí el nombre Fuerza Guerrera.

• El escenario es complejo. La empresa pide deshacer la expropiación y recuperar los terrenos que le pertenecen, mientras el gobierno insiste que no van a premiar a quienes se saltan la fila.

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