Qué observar. La ministra de Justicia Marcela Ríos salió este jueves a defender la propuesta del Presidente de la abogada Marta Herrera para hacerse cargo de la Fiscalía Nacional. Herrera, que se desempeña como jefa de la unidad anticorrupción del Ministerio Público, es la segunda candidata que nomina Boric tras la derrota en el Senado del fiscal José Morales, hace menos de un mes.
Apoyo presidencial. Durante un acto en Peñalolén, en el marco de anuncios legislativos en materia de seguridad pública, Boric destacó este jueves la labor de las ministras Ríos y Uriarte. Lo mismo hizo tras la derrota de Morales, donde Apruebo Dignidad no se alineó en torno al candidato del Presidente.
Costo hundido. El que senadores del Socialismo Democrático y de Apruebo Dignidad no respaldaran en bloque a Morales en la anterior designación puso en una situación muy difícil a la ministra Ríos, a quien en un punto de prensa le preguntaron por su continuidad en el cargo. “Es el Presidente quien tiene siempre a disposición todos nuestros cargos. Y es él quien tiene que evaluar este proceso”, respondió disgustada.
Traslado de presos mapuches. Si la elección de Herrera está agendada para el próximo lunes, la secretaria de Estado enfrentará una situación compleja al día siguiente.
Su complejo debut. En el primer tiempo del gobierno, el despliegue de la agenda de Ríos -la primera ministra de Justicia desde 1990 que no es abogada- estuvo concentrada en temas de derechos humanos. Primero con el indulto a los presos del estallido social y, tras el anuncio de Boric en su cuenta pública, con el plan de búsqueda de 1.162 desaparecidos de la dictadura militar.
Dos miradas de su gestión. Los diputados Miguel Ángel Calisto (ex DC) y Arturo Longton (RN) forman parte de la comisión de Constitución de la Cámara. Consultado por Ex-Ante, Calisto dice que ha sido positiva la gestión de la ministra, que ha existido diálogo con ella, particularmente en el avance de la ley para agilizar trámites notariales. Longton, en cambio, sostiene lo contrario. Dice que la gestión de la titular de Justicia es deficiente, fundamentalmente por la falta de agenda en el combate contra la delincuencia y el acceso a la justicia.
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