Un gobierno rehén del plebiscito. Por Jorge Selume

Todo apunta a que -al igual como ocurrió con el plebiscito de entrada con el gobierno de Sebastián Piñera- el de salida será un juicio político respecto del gobierno de Gabriel Boric. Y así lo muestran las encuestas: la tendencia al alza del rechazo al gobierno coincide con el alza del rechazo en el plebiscito de salida.

El destino del gobierno se encuentra ligado al de la convención constitucional. Más allá de que en el plano formal se trate de poderes independientes, a nivel perceptual resultan ser dos caras de una misma moneda. No podría ser de otra manera, pues a ojos de la opinión pública comparten el mismo repertorio de símbolos, consignas y rostros.

Quien mejor ilustró este estrecho vínculo fue el ministro Jackson cuando, al referirse a las reformas del Ejecutivo, declaró que «el tener una nueva Constitución es una condición sine qua non para llevar a cabo estas agendas».

Las encuestas bien reflejan la simbiótica relación que existe entre ambos poderes: la tendencia al alza del rechazo al gobierno coincide con el aumento del rechazo al plebiscito de salida. Todo parece indicar que, al igual como sucedió en el plebiscito de entrada con el gobierno de Piñera, el de salida será un juicio político acerca del gobierno de Boric.

Esto pone al Ejecutivo en una incómoda situación, pues todo lo que haga o deje de hacer impacta en el destino de la nueva Constitución. Por ejemplo, cuando el gobierno de Boric propone una reforma para garantizar que en la actual Constitución los fondos de pensiones sean inexpropiables, lo que hace es provocar que la ciudadanía exija el mismo estándar para la nueva carta magna.

Para evitar estas consecuencias indeseadas, el gobierno se ha visto tentado a no ejercer su poder con tal de no entorpecer la labor de la convención. El costo directo de esta parálisis política es que a la fecha resulta difícil identificar el sello de la actual administración. ¿Cuáles son las metas para los primeros 100 días? Es probable que se obtengan diferentes respuestas de las autoridades, y que los ministros Marcel y Vallejo no vean la misma película.

La generación que llegó al poder junto con el Presidente Boric se cimentó sobre un discurso basado en la moralidad y en el quehacer por medio de la palabra. Lo importante era luchar por pensiones dignas, no la forma de financiarlas. La técnica sometida a la retórica, la razón doblegada frente a la emoción. Este enfoque religioso de la tarea pública, basada en una fe ciega y no en la evidencia empírica, les permitió apuntar con el dedo a todo aquel que pensara distinto a ellos haciendo uso de una mecánica simple pero efectiva: presentarse ante la ciudadanía como los defensores (indignados) de los abusados por el poder constituido (privilegiados).

Pero hoy, desde el Palacio de la Moneda, se enfrentan a un inquietante dilema de corte identitario:¿cómo mantener ese posicionamiento cuando ahora son ellos quienes ocupan el principal espacio de poder del país? El choque entre su historia y su presente, entre sus relatos y sus hechos, es quizás el principal factor que produce inmovilidad en sus huestes.

Para hacer frente al crudo invierno que enfrentaremos producto de la depresión económica y del alza de precios que han fraguado los retiros, es probable que el Presidente Boric se vea en la necesidad de aplicar cambios a su gabinete antes de septiembre. Será la forma de inyectar un segundo aire al gobierno y, de paso, darle un impulso renovado a las chances del apruebo.

Para ello deberá borrar con el codo algunas de sus eclécticas promesas y acercarse a líderes de la ex concertación, a quienes sus socios han ninguneado en el pasado reciente. No sería un diseño nuevo: se asemejaría bastante al giro que mostró entre la primera y segunda vuelta electoral. La pregunta es si en esta ocasión la ciudadanía aprobará mayoritariamente este cambio de actitud o, si al contrario, lo rechazará con algo de desconfianza.