Los recientes resultados del Censo 2024 han puesto de manifiesto una realidad ineludible: Chile es hoy un país envejecido. El 14% de su población tiene 65 años o más, y el Índice de Envejecimiento revela que, por cada 100 personas menores de 14 años, hay 79 mayores de 65. En la Región de Valparaíso, esa cifra alcanza los 98,6, posicionándola como la más envejecida del país. Las proyecciones son aún más claras: se estima que seremos el país más envejecido del Cono Sur para el año 2050.
Este cambio demográfico no es una sorpresa, pero sí es un llamado urgente a actuar. Se trata de una transformación estructural de largo aliento que exige nuevas formas de pensar, diseñar y priorizar políticas públicas. Envejecer como país no es un problema en sí mismo. El verdadero problema aparece cuando el Estado y la sociedad no se preparan para ello.
Los desafíos son múltiples: repensar el sistema de pensiones, asegurar el acceso equitativo a la salud, promover entornos amigables, abordar el cuidado de largo plazo y, sobre todo, garantizar los derechos humanos de las personas mayores. Para enfrentar estos retos, se requiere una estrategia nacional seria, coordinada y con enfoque de derechos, que considere al envejecimiento no como una carga, sino como una etapa diversa, productiva y valiosa de la vida.
Lamentablemente, esto dista de ser una prioridad política. A pesar de la urgencia, la Ley Integral de las Personas Mayores —que busca promover un envejecimiento digno, fortalecer la institucionalidad del SENAMA y avanzar en garantías efectivas de derechos— permanece estancada en el Congreso desde 2020. El retraso de esta legislación no es solo una omisión administrativa, sino un acto de negligencia hacia una población que crece, aporta y también envejece en condiciones de profunda desigualdad.
Es imperativo que las autoridades sigan avanzando en la garantía de derechos y calidad de vida de las personas mayores. El envejecimiento de la población no es una proyección futura; es una realidad presente que demanda respuestas concretas, oportunas y pensadas de forma anticipatoria. Retrasar la implementación de políticas integrales no solo agrava brechas ya existentes —como la feminización de la pobreza en la vejez o el acceso desigual al cuidado—, sino que compromete el bienestar de una proporción creciente de chilenos y chilenas.
Hoy, seguimos pensando el país en clave de juventud, mientras los datos nos muestran otra cosa. Se diseñan ciudades, servicios, sistemas de salud y plataformas digitales como si la única población relevante fuera la joven y productiva. Pero esa mirada corta y excluyente termina por marginar a quienes más apoyo requieren, y también más experiencia tienen para aportar.
Las personas mayores no son un grupo homogéneo ni pasivo. Son abuelas que crían, profesionales que siguen trabajando, cuidadoras informales, dirigentes sociales, artistas, voluntarias. También son sujetos de derechos que, como cualquier otro grupo, merecen ser parte de las decisiones que afectan sus vidas. Invisibilizarlas en las políticas públicas es negarles ciudadanía plena.
El envejecimiento no es una amenaza, pero la inacción sí lo es. Seguir postergando decisiones estructurales no solo perpetúa injusticias, sino que pone en jaque la sostenibilidad del país. Urge que las autoridades comprendan que el futuro ya no está únicamente en la niñez: también está —y cada vez más— en la vejez. De hecho, si no transformamos nuestra cultura institucional y política frente al envejecimiento, lo que está en juego no es solo el bienestar de las personas mayores de hoy, sino también el de quienes seremos mayores mañana.
Lo que necesitamos es voluntad política. Que las personas mayores dejen de ser vistas como una nota al margen y pasen a ocupar el centro del debate. Porque sin un compromiso real con esta agenda, no hay desarrollo posible. Y porque un país que no planifica su vejez simplemente no planifica su futuro.
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