Litio: caminar no impide mascar chicle. Por Joaquín Barañao

Apruebo Dignidad ganó las elecciones en buena ley, y goza de todo el derecho del mundo para empujar aquello en lo que ellos creen: una empresa nacional del litio. El cuestionamiento es otro: si el propio gobierno reconoce que los plazos para lograrlo son tan dilatados ¿por qué no además aprovechar la experiencia ganada en el fiasco recién observado, subsanar a toda velocidad las bases de licitación, relanzarlas y recaudar ya esa montaña de ingresos fiscales adicionales?

A fines de 2021, justo antes de que el precio del litio trepara a la estratósfera y catapultara a SQM a aportar al fisco un 60% más que la legendaria Codelco, el Ministerio de Minería licitó cuotas de explotación. Quienes estiman que el litio debería ser resorte estatal, y/o que adjudicar lo que sea en las postrimerías de un gobierno es reprochable, pusieron el grito al cielo. Gabriel Boric, entonces Presidente electo, declaró que “me recuerda a esas leyes de amarre que se hacían a última hora cuando un gobierno ya está dejando sus funciones”.

Catalina Pérez (RD) habló de “el litio a precio de huevo” y de una “profunda e impresentable falta de visión estratégica del gobierno de Piñera que le puede costar muy caro al país”. El más duro de todos fue el diputado PPD Raúl Soto. Poco antes de asumir como presidente de la Cámara y reinventarse como hombre de Estado disparó que todo esto era “una falta de respeto a la inteligencia a los chilenos y chilenas”. Añadió que “no nos vamos a prestar para un tongo, no nos vamos a prestar para un baile de máscaras” y remató con que “se está llevando a cabo un robo a mano armada a los chilenos y chilenas”.

¿Qué era ese tongo, esa falta de respeto a la inteligencia, esa impresentable falta de visión estratégica? Adjudicar dos de cinco cuotas a las empresas que ofrecieran más “lucas” por el derecho a producir 80 mil toneladas anuales de litio metálico. La licitación en ningún caso impedía la creación de una Empresa Nacional del Litio, porque se licitaba solo el 4,4% de las reservas conocidas (que suelen ser mucho menos que las reservas reales).

Sin invertir un solo peso ni arriesgar una sola exploración fallida, el Estado iba a recaudar 121 millones de dólares solo por adjudicar las dos cuotas y, mucho más importante que esa caja chica, unos 1.000 millones de dólares anuales de licitar las cinco cuotas, de acuerdo con las estimaciones del ministerio en ese momento ¡Y desde entonces el precio del litio se ha más que duplicado! Iban a entrar dos actores a una industria que no ha conocido más que dos durante 27 años. Se iban a crear cientos de empleos súper bien pagados y una serie de encadenamientos productivos. Cómo eso puede ser un “asalto a mano armada” escapa a mi comprensión.

Todo quedó en nada. ¿Por qué? No porque fluyeran coimas, quebrara uno de los oferentes o se detectara algún “macuqueo” en las bases de licitación. No. Lo que ocurrió fue que dos pequeñas comunidades indígenas aledañas al Salar de Atacama, Camar y Coyo, presentaron un recurso de protección en el que se reclamaba que no hubo consulta indígena. Y no la hubo porque la licitación solo adjudicaba cuotas en abstracto, sin especificar el área precisa. Esa precisión vendría después.

El diseño consideraba una etapa preliminar de asignación de las cuotas, solo para permitir a los asignatarios realizar la exploración necesaria para, a continuación, presentar un proyecto. Así, solo en una segunda fase vendría la evaluación de las iniciativas específicas, incluyendo la muy obligatoria evaluación ambiental, que incluye por supuesto participación ciudadana, y desde luego la también obligatoria consulta indígena. Al final de cuentas, las cuotas permitían a quienes las adquirieran emerger del sótano e igualar condiciones con cualquier otro productor de minerales concesibles (en la práctica, todos menos el litio).

Esta licitación preliminar era el equivalente a las clasificatorias, que solo concede a los ganadores el derecho a disputar el campeonato, la arena donde se juegan los partidos de verdad (evaluación ambiental, consulta indígena, etc.). Todos los otros minerales, y lo mismo el litio en todos los otros países del mundo, no requieren de clasificatorias y, como la Copa América, saltan a la cancha directamente.

La Corte Suprema acogió el recurso de las dos comunidades, dictaminó que ni siquiera este procedimiento preliminar es admisible sin delimitar el área geográfica, y todo se derrumbó.

El criterio jurídico es por supuesto discutible. De hecho, la Corte de Apelaciones de Antofagasta —conformada por respetables jueces con harta más experiencia que usted o yo— falló en el sentido contrario. De paso, el “supremazo” revistió con un manto de duda el CEOL otorgado a Codelco por el gobierno de la Presidenta Bachelet. Pero más relevante que llorar sobre la leche derramada o concertar un sesudo debate en derecho acerca de cuán juiciosos son estos fallos es qué hacemos hacia adelante.

Y es aquí donde dan ganas de llorar.

La ministra de Minería del actual gobierno se comprometió a que a fines de este año o principios del próximo se dará a conocer el modelo de gestión de la minería del litio y que “al final de este gobierno estén instaladas las instituciones estatales y las alianzas con los privados o no”.

Es decir, debemos aferrarnos a la esperanza de que a inicios de 2026, siempre y cuando todo se vaya por un tubo, esté conformado el marco institucional, para recién entonces pensar en el diseño de proyectos para producir litio. Pero el boom es ahora, no en 2026. Bien lo sabe Australia, que lo está aprovechando con toda la agilidad que nosotros no.

Lo mismo Argentina, un país con harto menos know how minero que nosotros, que de producir una nota al pie hace unos pocos años ya va en camino a superarnos, con casi 40 proyectos en cartera. ¿Por qué? Porque no los limita un bozal obsoleto y bobo, impuesto en dictadura, de mineral estratégico no concesible.

Apruebo Dignidad ganó las elecciones en buena ley, y goza de todo el derecho del mundo para empujar aquello en lo que ellos creen: una empresa nacional del litio. Así funciona la democracia. El cuestionamiento es otro: si el propio gobierno reconoce que los plazos para lograrlo son tan dilatados ¿por qué no además aprovechar la experiencia ganada en el fiasco recién observado, subsanar a toda velocidad las bases de licitación, relanzarlas y recaudar ya esa montaña de ingresos fiscales adicionales?  Subrayo: no en vez, sino que además.

Pero hoy, con los precios del litio por las nubes, y no cuando vuelvan a rangos menos disparatados (o bueno, no exactamente hoy, pero bastante antes que por la otra vía). Créame que el cariñito a la PGU que ese platal permitiría, sería agradecido sin distinción alguna de color político.

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