Las políticas industriales modernas son aquellas que tienen como norte una colaboración virtuosa entre privados y Estado. Lamentablemente, lo presentado por el gobierno se ancla en la añeja visión de control estatal versus libre mercado.
Casi dos semanas después del anuncio del gobierno sobre la Estrategia Nacional del Litio, son más dudas que certezas las que giran en torno al desarrollo de esta industria. Antes de cualquier análisis, es sano dar un paso atrás y preguntarnos sobre qué queremos como país para la industria del litio. Me aventuro con un objetivo que asumo la gran mayoría comparte: “Maximizar la producción y rentas para el Estado, de manera sostenible ambiental y socialmente”.
A continuación, describo cuatro nudos o problemas de la estrategia, que nos exigen cambiar el rumbo y actualizar nuestra mirada sobre qué significa una colaboración público-privada efectiva. De lo contrario, no solo nos alejaremos del objetivo planteado, sino que quedaremos relegados en una carrera donde ya estamos perdiendo competitividad.
- Más que una estrategia, solo enunciados e ideas. Después de más de un año de trabajo, lo que presentó el gobierno difícilmente puede llamarse una estrategia. Esta no contiene objetivos específicos, plazos, proyectos de ley, responsables, ni métricas asociadas para medir su efectividad. Por el contrario, se presentaron solo ideas y principios, que no permiten responder preguntas básicas como: ¿Aportará el Estado capital a los proyectos en que tendrá participación mayoritaria? ¿Cuál es la lista de salares priorizados? ¿Cuáles serán los beneficios para empresas que decidan hacer exploraciones? “Necesitamos las respuestas a muchas preguntas”, decía el domingo un alto ejecutivo de la empresa francesa Eramet, interesada en el litio chileno. Así, urge que el gobierno entregue más detalles. La ecuación es antigua y simple: menos incertidumbre, menos riesgo, más inversión.
- ¿Nacionalización del litio? Durante estos días diversas voces han señalado que la estrategia responde a una ola de estatización y nacionalización, que puede ser riesgosa para el futuro. El gobierno, por su parte, ha planteado que no se puede nacionalizar algo que siempre ha sido del Estado. Lo cierto es que si bien el litio es un mineral que le pertenece al Estado y tiene carácter de no concesible (Art 3. Ley 18.097), la estrategia sí “nacionaliza” o “estatiza” su producción, al establecer que el Estado debe tener una participación mayoritaria en los proyectos de explotación. Sin duda, esto parece responder a la “Quilapayunesca” idea de devolver el control de nuestra producción de materias primas al Estado, en desmedro de los privados. Para poner las cosas en perspectiva, en Australia, el mayor productor de litio del mundo, compiten nueve empresas, todas privadas.
- La estrategia carece de sentido de urgencia. No eliminar el carácter “estratégico” y no concesionable del litio para atraer inversiones en el corto plazo es un error que nos puede costar caro. Como en cualquier boom de precios de commodities, el aumento de la demanda tendrá como consecuencia un aumento de la oferta, por lo que los precios altos no durarán para siempre (este año el precio se ha desplomado desde US$ 80.000 a US$ 30.000 la tonelada). El gobierno no ha dado ningún atisbo de tener un paquete de reformas legales que permitan despejar las dudas y vacíos que tiene nuestra legislación minera y así otorgar “certeza jurídica” a potenciales inversionistas. Hoy, casi todo el territorio nacional tiene concesiones mineras sobre otros minerales. Armonizar la entrega de permisos para explotar litio con estos es un primer paso fundamental para que haya interés en invertir, tanto en procesos de exploración como explotación.
- Las reales capacidades del Estado de Chile. No se entiende que el pilar de la estrategia sea tener un Estado -a través de Codelco y Enami y, posteriormente, con una Empresa Nacional del Litio- controlador de los proyectos, cuando el mismo vicepresidente ejecutivo de Corfo declaró hace unos días: “El Estado no tiene la menor idea de cómo producir el litio”. Y así lo demuestran los hechos. Desde el 9 de marzo de 2018, Codelco cuenta con un permiso (CEOL) para explotar el salar de Maricunga, el segundo más importante del país, pero a la fecha no ha producido una sola tonelada de litio. El gobierno tampoco ha mencionado ni una palabra sobre el diseño de los gobiernos corporativos de estas empresas que haga atractiva la entrada de privados al negocio. Así, parece que la tozudez ideológica nubla la mirada en un punto central: la apropiación de las rentas es totalmente distinta al control de un negocio.
Las políticas industriales modernas son aquellas que tienen como norte una colaboración virtuosa entre privados y Estado, donde los primeros logran revelar los cuellos de botella que no permiten que la industria se desarrolle y el Estado, por su parte, apoya con instrumentos para lograr sortearlos (Rodrik, 2004; Crespi et al, 2014). Lamentablemente, lo presentado por el gobierno a la fecha, dista mucho de esto y se ancla en la añeja visión de control estatal versus libre mercado (Estado versus privados). Ojalá el gobierno entienda que existen una serie de herramientas modernas, mucho más eficaces que la participación mayoritaria del Estado, que nos permitirían desarrollar la industria del lito de manera sostenible y competitiva en el tiempo.
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