Desde que estallaron en nuestro país los escándalos de financiamiento ilegal a la política, esta temática suele estar sobre el tapete en todas las elecciones. Así, con las nuevas reglas y mayor transparencia en la materia, podemos conocer con mayor certeza y durante el período de campaña, quién y cuánto financiamiento tienen las distintas candidaturas. Los medios suelen hacer ránkings al respecto y no es raro ver en redes sociales críticas o asociaciones negativas de aquellos quienes más ingresos tienen, algo que no es para nada negativo ni sospechoso per se.
Si recordamos, las nuevas reglas de financiamiento a la política y, particularmente, a las campañas, tuvo como objetivo evitar que el dinero tuviera un rol preponderante en el resultado de las campañas, convirtiéndose en una barrera de acceso, así como transparentar quiénes las financian -salvo por pequeños montos-, luego del estrepitoso fracaso del sistema anterior, donde las donaciones reservadas lo eran para todos menos para quienes las recibían. Así, además de reducir los topes de los aportes que las personas pueden hacer, éstas son en su mayoría transparentes y sólo provenientes de personas naturales.
En la elección que acaba de pasar, así como ocurrió en el plebiscito de entrada y en la Convención Constitucional, el peso del dinero parece no haber sido gatillante. Así, el candidato con más aportes -y por lo tanto, presumiblemente de gasto-, Jaime Ravinet, obtuvo un 4% de los votos en la Región Metropolitana y no resultó electo. Si miramos por partido o lista, quienes más ingresos obtuvieron, Chile Seguro (con alrededor de 27 millones por candidatura según Decide Chile), obtuvieron el tercer lugar en votos nacionalmente, con un 21,5% y 11 consejeros electos.
La lista de Todo por Chile, con un promedio de casi 6 millones por candidatura, en cambio, la tercera con más ingresos tras Unidad por Chile, fue la cuarta (de cinco) más votada y no obtuvo consejeros. Todo lo contrario del Partido Republicano, sólo por encima del Partido de la Gente en aportes, con un promedio de 3,7 millones y con un éxito arrollador del 35% de los votos y 23 Consejeros.
Lo anterior demuestra el cambio que ha habido en la forma de desarrollar campañas exitosas, donde el desplegar más palomas y propaganda en la vía pública no asegura para nada el éxito. Al parecer la contienda se volcó a las calles y, principalmente, a las redes sociales, donde no necesariamente una campaña millonaria es la más ingeniosa o atractiva. Sin embargo, seguimos con ciertos vacíos o espacios interpretables que probablemente quedan subreportados o fuera del ojo del Servicio Electoral.
Así, hemos visto cómo una deficiente ley de protección de datos personales ha llevado a la compra de bases de datos (¿se reportan como gastos?) y al uso de la mensajería para hacer propaganda. Lo mismo ocurre con el uso de bots y otras estrategias digitales que sabemos han sido sumamente exitosas en otros países, con prácticas incluso éticamente reprochables.
Si bien el Servicio Electoral ha llegado a acuerdos con plataformas digitales como Facebook para reportar la compra de publicidad política, está lejos de ser una fuente del todo fiable y quedan fuera otras tan relevantes como Youtube.
Por último, sigue siendo urgente regular el reporte de gastos. Esto solo se hace un mes después de la elección, lo que puede permitir más casos como el que se investiga de Karina Oliva, donde se inflan gastos para hacerlos calzar con el reembolso por un éxito electoral mayor al previsto. Esperemos que dicha investigación sea un desincentivo suficiente a este tipo de prácticas.
Es clave establecer una relación transparente y virtuosa del dinero en las campañas políticas. Ya hemos visto cómo malas prácticas o irregularidades pueden empañar la reputación de partidos y las entidades que éstas integran.
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