El proceso constitucional que ha tenido ocupado al país ya por prácticamente tres años y que conoció un estruendoso fracaso en septiembre de 2022 vive su segunda oportunidad con señales más que preocupantes respecto de sus posibilidades de éxito.
Naturalmente, el éxito estaría dado no por la simpatía que a uno le despierte su contenido o por la calidad o excelencia técnica de un texto, sino por la aprobación ampliamente mayoritaria de la ciudadanía, por la capacidad de ese texto de comprometer una lealtad ciudadana con las normas y principios que emanen de él, lo que garantizaría un marco de convivencia y de reglas estables y comúnmente aceptadas. Sería un giro radical respecto del proceso de polarización y dispersión en que el país ha estado embarcado.
Las encuestas indican una amplia distancia de la ciudadanía con el trabajo del Consejo Constitucional. El voto “en contra” se proyecta como mayoritario para el plebiscito de diciembre, lo que podría ser aprovechado por quienes necesitan una victoria política -por más pírrica que sea- tras dos derrotas electorales estrepitosas.
Esto ha llevado a oportunistas de todas las layas a anunciar con bombos y platillos su rechazo al proyecto constitucional, aún sabiendo que no hay un texto definitivo y que están pendientes etapas decisivas de negociación en el seno del Consejo Constitucional. La idea es dar por terminado el proceso anticipadamente, desechando cualquier esperanza de acuerdo y de remontar el favor de la opinión pública.
La tesis del partido republicano fracasó rotundamente: esta consistía en radicalizar normas emblemáticas para empujar a la izquierda y al gobierno a ponerse en contra del proyecto. José Antonio Kast llegó a decir que si el Partido Comunista estaba en contra, era lo que se necesitaba. En otras palabras, la idea era convertir el plebiscito en un acto de rechazo al gobierno. Pero cuando la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei dijo que no apoyaría el texto republicano, la tesis cayó por su propio peso porque ahora se trataría de un plebiscito no sobre el gobierno sino sobre el Partido Republicano y su líder JAK.
Y aunque para muchos puede ser tentadora la idea de derrotar a los republicanos, la responsabilidad obliga a tomar la oportunidad de evitar un nuevo fiasco constitucional. Esta está abierta porque el fracaso ya no será de tal o cual, sino de todos, sería un fracaso de la política, de la capacidad de diálogo y de entendimiento, de todos y cada uno de los partidos que suscribieron el acuerdo para viabilizar esta segunda oportunidad y muy especialmente, sería un fracaso para el presidente Boric que, prudentemente, ha evitado confrontarse con las votaciones mayoritarias del Consejo.
La estabilidad política del país depende en gran medida de la culminación positiva del proceso constitucional. Entre las normas aprobadas están las muy importantes que mejoran la “sala de máquinas”, esto es el sistema político buscando limitar el fraccionamiento de los partidos y el caudillismo, al tiempo que mejora la relación entre el poder ejecutivo y el Congreso nacional. La gobernabilidad del país se verá reforzada por estas normas -ciertamente muchas perfectibles con quórums de reforma habilitantes- y con una Constitución aprobada que permitirá dar confianza en la fortaleza institucional del país y en la vigencia del estado de derecho.
Chile no puede permitirse el estancamiento o el retroceso político, económico y cultural al que lleva la anomia que se instaló en el país hace cuatro o cinco años y que algunos esperan poder prolongar al infinito.
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