La difusión del audio grabado por la abogada Leonarda Villalobos de una reunión efectuada, en junio de este año, en la que, además de ella, participaron el abogado Luis Hermosilla y el empresario Daniel Sauer, ha causado una conmoción explicable. La conversación allí sostenida tuvo como eje los desinhibidos comentarios de los participantes acerca de la comisión y planificación de graves delitos, como el soborno de funcionarios públicos. En la grabación, se sugirió que existen redes para burlar las atribuciones legales del Servicio de Impuestos Internos y la Comisión del Mercado Financiero y, además, se extendió una enorme sombra sobre los límites de la acción de los abogados.
El Ministerio Público se encuentra investigando los posibles delitos. Llamó la atención, por supuesto, la rápida cooperación de la abogada Leonarda Villalobos, que prestó una declaración de 13 horas ante la fiscalía, lo que hace pensar que ella quizás ya estaba cumpliendo un compromiso de colaboración al momento de grabar el audio. Son muchas las preguntas sobre el caso, y todo parece indicar que sus implicancias configuran un cuadro que obligará a efectuar una investigación de gran alcance. De partida, corresponde indagar a fondo la eventualidad de que ciertos funcionarios del SII y la CMF hayan recibido coimas.
La figura más notoria del caso es, sin duda, Luis Hermosilla. A muchas personas que lo conocen de cerca les resultó muy difícil “reconocerlo” en las declaraciones del audio. Con tantos años de ejercicio de la profesión y habiendo participado en casos judicialmente muy controvertidos, fue incomprensible e injustificable que actuara así. Tendrá que enfrentar ante los tribunales el caso más difícil de su carrera. Sabe, desde los tiempos en que era estudiante de Derecho de la UC, cuán imperativo es el principio establecido por el derecho romano: “Dura lex, sed lex” (La ley es dura, pero es la ley).
Está planteada hoy una lucha por “las buenas costumbres” en todos los ámbitos. Ninguna institución y ninguna profesión se encuentran a salvo de contaminarse con la transgresión de las normas. En el caso del Estado, ya hemos visto cuán grande es la tentación de aprovechar los cargos para llevar adelante acciones depredadoras. No es poco lo avanzado por el país en materia de resguardo de la probidad y estímulo de la transparencia, pero la amenaza siempre está presente. Aunque hoy contamos con un sistema procesal penal muy superior al que existía hace 30 años, aparecen otras formas de manipular la acción de la justicia.
No se puede bajar la guardia en el combate contra la corrupción. El SII y la CMF tienen que despejar completamente las sospechas que han surgido sobre su funcionamiento. El Ministerio Público tiene el deber de investigar a fondo todas las aristas del caso, que han golpeado fuertemente la fe pública. Los ciudadanos se preguntan, con toda razón, en quiénes se puede confiar en materia legal, cuántos delitos quedan sin sancionar porque no llegan al conocimiento de los medios de comunicación y, naturalmente, si es cierto que la plata puede abrir todas las puertas.
Solo la ley puede protegernos eficazmente de los actos antisociales, pero para eso es vital que se aplique a todos por igual. Si eso no ocurre, la descomposición está a la vuelta de la esquina. Como es sabido, el reto más complejo que tenemos por delante es la acción del crimen organizado, que constituye una verdadera industria transnacional, y que, como está probado en varias naciones, opera con inmensos recursos para capturar amplias áreas de influencia y puede llegar a poner a su servicio hasta los gobiernos.
Sobran las evidencias internacionales de que el crimen organizado puede comprar altos funcionarios, policías, jueces, políticos, periodistas, y que parte del convencimiento de que todas las personas tienen un precio. No hace falta demostrar que el dinero tiene un poder avasallador, frente al cual en muchos lugares los mecanismos de defensa se revelan atrasados e ineficaces.
En Chile, el aumento de los robos con violencia, los homicidios y los secuestros, es revelador de cuánto hemos retrocedido en materia de seguridad pública, y ello no puede desvincularse del debilitamiento de los diques morales, de las complicidades que surgen aquí y allá, del hecho de que ciertas autoridades se han demorado en comprender la magnitud de los peligros.
Tenemos por delante una ardua tarea. Se trata de no cejar en el empeño por tener una sociedad más decente y más segura para todos, que se defienda mejor de las acechanzas de este tiempo y en la cual la ley sea efectivamente el instrumento de la justicia.
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