Cámara Chilena de la Construcción: “El costo que más impacta es la tramitología”

El sector de la construcción ha enfrentado una severa crisis en los últimos años. Varias son las empresas que se han declarado en insolvencia debido a las alzas en los costos, la escasez de materias primas y una disminución en la demanda de viviendas, que ha llevado al stock de casas y departamentos a su máximo histórico, una alta inflación y trabas en sus proyectos. El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Juan Armando Vicuña, espera que su sector comience a repuntar este 2024.

-¿Cómo describiría la situación actual de la industria de la construcción en Chile?

-Preocupante. Ya hemos completado cuatro años, desde el estallido social de 2019 y luego la pandemia, en que nuestra industria ha enfrentado serias dificultades y el horizonte todavía no se ve despejado. La economía no repunta y los nuevos proyectos van a la baja.

-¿De qué manera ha afectado la recesión económica a la industria?

-Si se dice que la construcción es el mejor barómetro de la economía es porque es muy sensible a sus altibajos. Aunque con cierto desfase, la construcción reproduce amplificadamente los ciclos económicos, así que esta crisis nos ha pegado fuerte. Ahora bien, aquí hay un problema más profundo y es que como país llevamos más de 10 años con baja inversión y bajo crecimiento económico, lo que afecta a la economía en general y a todas las personas.

-Hoy tenemos un índice de departamentos y casas nuevas que está en su máximo. ¿Esto no genera un problema en nuevos proyectos al desincentivar su construcción?

-Efectivamente un alto stock de viviendas sin vender desincentiva el ingreso de nuevos proyectos y esto es un problema para la construcción, para sus trabajadores, para la economía y para encontrar una respuesta ante la crisis habitacional que vive el país, ya que, si no se actúa ahora para cambiar la situación, las personas van a enfrenten cada vez más dificultades para acceder a una vivienda.

-¿Qué medidas se podrían implementar para facilitar el acceso a financiamiento asequible para las empresas del sector?

-Lo primero sería que los requisitos que se les hacen a las empresas del sector para obtener financiamiento bancario sean los mismos que para las demás industrias. Y esto debería ser especialmente válido para las empresas contratistas del Estado, que tienen el respaldo de éste.

Los ministerios han puesto de su parte, pero hay que seguir avanzando. Por ejemplo, es importante que distintas reparticiones públicas paguen los reajustes comprometidos, que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) cierre el año con 100% de ejecución de su presupuesto de inversión y que se acelere la cartera de concesiones.

-¿Cuáles son las principales dificultades financieras que enfrentan?

-Mi impresión es que la banca hace un análisis demasiado global de nuestra industria y toma posición sin considerar la realidad particular de cada empresa. En todo caso, este es sólo uno de los problemas que enfrenta nuestra industria. Incluso diría que es un síntoma de, por ejemplo, la falta de inversión privada, la baja ejecución presupuestaria del MOP, retrasos en pagos por parte de los mandantes y la caída de las ventas de viviendas por las dificultades de las familias para obtener un crédito hipotecario, entre otros.

-¿Cómo ha impactado el aumento en los costos financieros?

-Ha impactado principalmente por dos razones: porque hace más difícil afrontar los problemas de liquidez y porque ha sido una barrera para iniciar nuevos proyectos. Pero si hablamos de costo, el que más impacto tiene en nuestra industria es el de la tramitología; un costo injustificado y que nadie paga.

-¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentan las empresas de construcción debido a la tramitología?

-La tramitología no solo perjudica a las empresas constructoras. Es un problema para todo el que quiera hacer una inversión en el país. Y su impacto más directo es que, sin alguna justificación, los costos de los proyectos se disparan sin que nadie responda por ello.

La Comisión Marfán acaba de aportar un dato clave: reducir en un tercio el tiempo de tramitación de los permisos daría al Estado una mayor recaudación del orden de US$ 1.339 millones anuales, en promedio, mientras que para las empresas afectas a estos permisos significaría una reducción de 3,7 puntos porcentuales del impuesto a las utilidades.

-¿Cómo se podría agilizar el proceso de aprobación de proyectos para evitar demoras significativas?

-Hay dos frentes. Por un lado, todas las reparticiones públicas deberían estar proponiendo medidas administrativas para mejorar su eficiencia. Es inentendible que, con la crisis en que está el país y habiéndose identificado la tramitología como uno de sus gatillantes, no se estén haciendo esfuerzos en este sentido. Y, lo segundo, que se presente luego el proyecto de ley que busca modernizar el sistema de permisos sectoriales, que alcance un consenso con todos los sectores y se apruebe con rapidez.

-El Presidente Gabriel Boric prometió en la cena de la Construcción resolver el tema del Consejo de Monumentos Nacionales. ¿Hay avances, ya que lo que estudia Economía no aborda este tema?

-Avances concretos, todavía no. Estamos en conversaciones con las autoridades y se ha hecho un buen trabajo conjunto, pero no podemos decir que este compromiso esté cumplido sino hasta que la gestión de hallazgos arqueológicos deje de ser una barrera crítica para los proyectos.

-¿Qué esperaría para el sector de la construcción?

-Lo más importante, para nosotros, para las demás industrias y para el bienestar de las personas es que la inversión y el crecimiento económico vuelvan a estar en el centro de las preocupaciones, en especial del mundo político. Estas son las palancas más importantes para que a la construcción y al país les vaya bien.

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