El presidente de Argentina Javier Milei ha anunciado una estrategia audaz para abordar la escasez de recursos públicos en su país: adoptar el “modelo chileno” de inversión en infraestructura. Esta decisión merece, en primera instancia, un reconocimiento por los logros obtenidos en este sector económico durante las últimas tres décadas.
Para comprender la esencia del “modelo chileno”, es crucial analizar cómo Chile ha abordado el desarrollo de su infraestructura en diferentes momentos. Desde el suministro de servicios básicos hasta la construcción de carreteras, puertos, hospitales y otras infraestructuras, Chile ha establecido marcos legales, regulaciones y contratos específicos que han impulsado significativamente esta área. La clave ha sido construir consensos a lo largo del tiempo, respaldando la relación entre el Estado y sus contrapartes privadas, proporcionando estabilidad a las industrias a largo plazo.
En efecto, una de las fortalezas principales del modelo de concesiones fue la aprobación en 1996 -por unanimidad en el Congreso-, de una ley que se mantuvo inalterada hasta 2010 y que desde entonces ha registrado cambios menores, fundamentalmente, para perfeccionar los mecanismos de resolución de controversias y la capacidad del Estado de recuperar contratos en caso que las condiciones del país así lo ameriten. Es esta estabilidad institucional la que ha hecho posible que bajo estas normas se hayan invertido más de US$ 28 mil millones y el Estado esté promoviendo una cartera de proyectos por US$ 13 mil millones de dólares adicionales para los próximos 4 años.
Un componente fundamental del éxito chileno ha sido el financiamiento. La disposición de inversionistas extranjeros para aportar recursos es plausible, siempre y cuando exista un mercado de ahorro de largo plazo sólido. En el caso de Chile, los fondos de pensiones y las compañías de seguros han desempeñado un papel crucial en respaldar las inversiones locales.
Se espera que gran parte de estas infraestructuras se financien mediante pagos de usuarios, lo que resalta la importancia de evaluar la capacidad de pago y la disposición de la población a pagar por servicios de calidad. Identificar proyectos atractivos para los inversionistas privados es esencial para validar este enfoque de asociación entre el sector público y privado.
Es crucial señalar que no todas las infraestructuras pueden trasladar costos a los usuarios. En estos casos, se requiere una cuidadosa estructuración de mecanismos de endeudamiento del Estado con los inversionistas, justificando por qué esta vía es más efectiva que la financiación exclusiva del Estado.
De esta forma, podemos ver que la experiencia chilena ofrece valiosas lecciones que Argentina puede aprovechar al enfrentar el desafío de la infraestructura. Este enfoque estratégico no solo representa una oportunidad para abordar las limitaciones financieras, sino también para impulsar el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de la población argentina.
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