Ex coordinadora de Dipres: Hacienda subestima el impacto fiscal de la ley corta de isapres

La ex coordinadora de la Unidad de Análisis Económico en Salud de la Dirección de Presupuestos (Dipres), Daniela Sugg, critica el informe financiero del Gobierno sobre la ley corta de isapres, señalando que subestima el impacto fiscal. Sugg cuestiona supuestos sin base económica y destaca que el cambio propuesto no considera el comportamiento cambiante de los usuarios.

Qué observar. La ex coordinadora de la Unidad de Análisis Económico en Salud de la Dirección de Presupuestos (Dipres), Daniela Sugg, advierte que el informe financiero realizado por el Gobierno subestima el impacto fiscal que tendrá la ley corta de Isapre.

• “Lo estimado por Dipres utiliza una serie de supuestos que carecen de argumentación económica”, señala la académica de las universidades Diego Portales y Andrés Bello, Daniela Sugg.
• “Es extrañísimo que una migración completa del sector privado a Fonasa genere un ahorro fiscal. El informe no considera cambio en el comportamiento y mantiene el perfil de consumo que tienen las personas en las Isapres en Fonasa, lo cual no es viable”, dice.
• “Que el gasto en Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL) es igualmente controlado en Fonasa que en Isapre, que no existe mayor incentivo al uso de Modalidad Libre Elección (MLE) dada la existencia de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) en los afiliados de Fonasa, que la Atención Primaria de Salud (APS) no será universal, y que la migración de Isapre a Fonasa sería aleatoria, lo cual solo sería posible si dejan de existir todas estas instituciones en el mismo momento del tiempo (o sea un cierre masivo)”, sostiene.

GES y CAEC. Asimismo, la economista experta en salud señala que las indicaciones aprobadas comprometen, en el caso de que la Isapre vea cancelado su registro, a Fonasa, ya que a ella le corresponde continuar las Garantías Explícitas en Salud (GES) en los prestadores privados, la Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas (CAEC) y sentencias judiciales. Así, señala que esto tiene costo directo y nuevo para el seguro público que no está cuantificado en el informe financiero, pero que un estudio de la UNAB estima en al menos $332.741 millones, de acuerdo con un informe publicado en enero de este año.

• También calcula un impacto Bitrán & Asociados. En un informe presentado en la UDD en diciembre 2023, demuestra que la movilización de afiliados de Isapre a Fonasa, incluso sin asumir cambios de conducta, implicaría un déficit anual de $153.945 millones por cada 600.000 afiliados de Isapres.
• Sugg sostiene que un análisis general sobre la MCC -dado que este genera mayor protección financiera para los que pueden pagar por este seguro adicional en Fonasa- por construcción debe incentivar el mayor uso de la modalidad libre elección, sobre todo porque hay una necesidad presente, lista de espera e insatisfacción por la atención en la red pública.
• Advierte además que es importante “tener en cuenta que los cambios en el esquema de aseguramiento, el movimiento potencial de afiliados de Isapre a Fonasa, y la situación actual de los prestadores, genera cambios en el comportamiento de los usuarios. No asumirlos es desconocer la existencia de equilibrios generales y que la regulación genera efectos”.
• “Es bastante ingenuo pensar que al crear estas nuevas redes de seguros adicionales, no va a cambiar el comportamiento cuando tienes problemas de atención en tu red pública”. señala.

Licencias médicas. Un punto que no considera el informe del proyecto es que hoy el comportamiento de la población que utilizan las Isapres tiene un mejor control de gasto de licencias médicas que la población que utiliza Fonasa.

• “Los incentivos son menores a utilizar licencias médicas por la contraloría que hacen las Isapres. Por lo que es posible que ese comportamiento cambie una vez en Fonasa”, dice.
• Asimismo otro punto a considerar, indica, es que el cambio se iría produciendo en la medida que vayan cayendo las Isapres y aquí es probable que las personas más jóvenes se vayan a otras aseguradoras de salud privada y los que se pasen a Fonasa sean los que más la usan, que son los que tienen preexistencias o con más edad. Con lo cual, ello significa un costo al sistema estatal.

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