No es fácil resumir el legado de un Presidente. Y menos cuando gobernó en dos períodos, encarando situaciones como un terremoto y una pandemia, pasando por un estallido social que hizo tambalear su segundo mandato. Enfrentó, como pocos, la toma de decisiones difíciles, adaptándose a situaciones cambiantes con más o menos pericia. Un hombre enérgico, eléctrico, que irrumpió como rayo y dominó la política en los últimos 20 años desde la derecha chilena. De eso hablarán políticos y analistas. Por mi parte, analizaremos brevemente los principales hitos tributarios de sus gobiernos.
Antes de siquiera comenzar su primer gobierno tuvo que reordenar sus prioridades, por causa del segundo terremoto más grande en la historia de Chile. La rapidez y eficacia para enfrentar los bruscos cambios y la gestión de catástrofes fueron su sello y características más alabadas. Las leyes 20.444 y 20.455 crearon un Fondo de Reconstrucción Nacional, con incentivos a las donaciones, y modificaron distintos cuerpos legales con el fin de aumentar la recaudación. Particularmente, en esta última ley, se incorporó un aumento transitorio (y que luego, por supuesto, derivó en permanente) del Impuesto de Primera Categoría y se establecieron límites a los depósitos convenidos y al beneficio del DFL 2, dejando este aplicable a solo dos viviendas. Las reformas tuvieron un objetivo recaudatorio, y casi no tocaron el sistema tributario en sí. Pero aunque el proceso de reconstrucción hacía urgente la búsqueda de recursos, quedó el sabor amargo de un gobierno de derecha que, finalmente, subió los impuestos.
Su segundo gobierno fue más complejo y caótico. En los primeros dos años lidió en materia tributaria con el tremendo remezón sistémico del segundo gobierno de la Presidenta Bachelet. Si bien, por medio de la Ley 20.899 el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés había corregido varios de los problemas estructurales de la ley 20.780 de Bachelet II (sistema atribuido y semi integrado), seguía la necesidad de perfeccionar o “modernizar” el sistema, lo que buscó la Ley 21.210, de Modernización Tributaria.
Entre sus modificaciones están la creación de la Defensoría del Contribuyente (Dedecon), nuevos regímenes tributarios -entre ellos, los aplicables a la pymes-, la introducción de un nuevo impuesto sustitutivo del FUT (el ISFUT) y un nuevo (y bienvenido) concepto amplio de gasto aceptado. Sin embargo, no hubo una rebaja de impuestos, ni una real reforma al sistema tributario de manera completa.
El contexto político del estallido social significó abandonar ideales libertarios, que terminaron dotando al Estado de mayores recursos por medio de los impuestos. Considerando el ardor revolucionario que impregnaba el ambiente político de entonces, abrir un flanco tributario hubiera terminado quizás con una acusación constitucional presidencial.
Al fin del segundo mandato, se había aprobado dos leyes adicionales que eliminaron beneficios tributarios, como la exención del artículo 107 de la Ley de Impuesto a la Renta en la enajenación de ciertos instrumentos financieros. En contrapartida, se estableció un impuesto de 10% sobre las transacciones de compraventa de acciones con presencia bursátil efectuado en bolsa y se eliminaron las exenciones a los servicios profesionales, lo que significó en la práctica la proliferación de sociedades de profesionales y un sinnúmero de jurisprudencia administrativa por parte del Servicio de Impuestos Internos.
Los gobiernos que siguieron a continuación de los de Piñera decidieron modificar radicalmente el sistema tributario. Se vio en Bachelet II, con la aprobación de una reforma de envergadura cuyo pilar fundamental pasó a ser el poco conocido “capital propio tributario”.
Actualmente, el Presidente Boric y su ministro de Hacienda Mario Marcel están empeñados en seguir el mismo camino, tratando de refundar el sistema tributario con proyectos de ley que serán presentados en 2024. Eso demuestra la fragilidad del sistema impositivo chileno, que no termina por consolidarse y cambia o muta cada 4 años.
En los dos gobiernos de Sebastián Piñera no hubo, pues, una visión tributaria integral, lo que añoramos. Los cambios normativos efectuados fueron reactivos ante la situación-país del momento (terremoto, estallido social, pandemia) y presionados por una feroz oposición en el Congreso. ¿Qué hubiera pasado en condiciones normales? No lo sabemos, siendo la normalidad algo ilusorio en la política de nuestro país. Para el futuro, tener presente que la siguiente reforma tributaria incentive de manera real la inversión y crecimiento. El resto, es, sin duda, música.
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