Recientemente el Gobierno propuso reducir o eliminar algunas exenciones tributarias como parte de las medidas que se están planteando para aumentar la recaudación fiscal, algo que ha generado bastante debate en diversos sectores.
Estas modificaciones estarían dentro de un nuevo proyecto de ley más amplio de reforma tributaria, el cual sería presentado a partir de este mes, luego de cumplirse el plazo de un año desde el rechazo de la idea de legislar del proyecto anterior.
Al observar en detalle la nueva propuesta, nos damos cuenta de que algunos de los planteamientos ya estaban dentro de la reforma tributaria presentada en 2022, tales como el aumento del impuesto a las ganancias de capital en instrumentos bursátiles (acciones y otros), salvo para los inversionistas institucionales, cuyos dividendos hoy se afectan con una tasa del 10%. En este sentido, se plantea aplicarles la tasa a la que estén sujetas las rentas del capital conforme al proyecto de ley (que podría llegar al 22%, tal y como se propuso originalmente).
Lo que preocupa, es que la tasa de 10% que hoy aplica, recién entró en vigor en septiembre de 2022, tras la eliminación de la exención general a las ganancias en estos instrumentos acordada a fines del segundo gobierno del Presidente Sebastián Piñera, con el objetivo de financiar el aumento a la Pensión Garantizada Universal (PGU).
En ese momento, el monto de la tasa a establecer fue álgidamente debatido, pues no se quería estresar en demasía un mercado de capitales que estaba en proceso de absorber los embates de los retiros masivos de los fondos previsionales y de las consecuencias económicas de la pandemia. Además, era vital mantener la posición competitiva de Chile como receptor de capitales extranjeros frente a otros países de la región, considerando el decaimiento de la inversión extranjera.
El debate sobre la tasa a aplicar se trasluce en los resultados del frecuentemente citado informe de la Comisión Tributaria para el Crecimiento y la Equidad que convocó en 2020 el entonces titular de Hacienda, Ignacio Briones, cuyas conclusiones han servido de insumo base en la discusión sobre eliminación de exenciones tributarias.
Como consta en dicho documento, hubo distintas posiciones dentro de la Comisión Tributaria. Algunos recomendaron aplicar un impuesto en un rango entre 5% y 15%; otros consideraron que el análisis de un eventual impuesto a las ganancias de capital debía evaluarse tomando en cuenta el diseño del sistema tributario en general como un todo; un grupo diferente señalaron que las ganancias de capital fueran consideradas como un ingreso ordinario afecto a las reglas generales de tributación; y un comisionado aseguró que debía mantenerse la exención que a la fecha estaba vigente.
Cuando el Gobierno del Presidente Boric propuso elevar desde ya la tasa de 10% en julio de 2022, pareció una propuesta arriesgada, pues ni siquiera había alcanzado a implementarse el alza impositiva aprobada por el Congreso Nacional ese mismo año. Menos era posible evaluar los efectos negativos que podría generar.
Hoy el escenario es diferente. El alza impositiva lleva casi año y medio en funcionamiento y es esperable que una propuesta que busque un aumento tributario adicional se base en un diagnóstico de la situación nacional actual y de los efectos que se pueden generar en el mercado de capitales y la inversión extranjera, además de sus consecuencias económicas para el país.
Es importante considerar que actualmente contamos con una economía estancada y un complejo panorama de inversión y crecimiento en el país. A lo anterior, se suma que el gobierno enfrenta un escenario político adverso (al no contar con la mayoría en el Congreso), lo que robustece la necesidad de contar con antecedentes técnicos que sustenten que las medidas de recaudación que se implementarán a corto plazo, no se reviertan a mediano y largo plazo.
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