CPC: “Proyecto sobre institucionalidad medioambiental no entrega certezas ni reduce plazos”

Para la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), las propuestas que el Gobierno plantea en el proyecto de ley que fortalece la institucionalidad ambiental y mejora su eficiencia “no cumple con el objetivo de entregar más certezas y reducir los plazos”. Por el contrario, en este punto las propuestas que lidera la ministra Maisa Rojas son “inconsistentes” con promover las inversiones.

Qué observar. En enero pasado, el Presidente de la República, Gabriel Boric, presentó dos proyectos de ley que buscan mejorar la entrega de permisos sectoriales. El primero, liderado por el ministro de Economía Nicolás Grau, pretende aplicar un sistema inteligente de permisos que simplifique y reduzca los plazos de entrega de permisos. El segundo, a cargo de la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, tiene por objetivo fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia.

Importancia de avanzar. El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Ricardo Mewes, aseguró que “es urgente cambiar el actual sistema público de permisos ambientales, que hoy dificulta excesivamente la tramitación de proyectos de inversión”.

• Sostiene que comparten los objetivos del proyecto de ley en cuanto a dar mayores certezas y disminuir plazos, y cree que contiene medidas que avanzan en la dirección correcta, como el fortalecimiento de la rectoría técnica del SEA. Sin embargo, “hay otras que plantean varias dudas y desafíos, como la eliminación de las COEVA (Comisión de Evaluación Ambiental) y el Comité de Ministros y cuáles serán sus respectivas instancias de reemplazo”.
• Agrega que “otras medidas definitivamente generan barreras o mayor incertidumbre en la tramitación de proyectos de inversión como el registro de consultores, la revisión extraordinaria de RCA (Resolución de Calificación Ambiental) de las DIA (Declaración de Impacto Ambiental), la evaluación de impactos sinérgicos y acumulativos incluyendo proyectos aún en evaluación, entre otras”.
• Con todo, el titular de la CPC dice que “el proyecto termina siendo insuficiente para la transformación profunda que requiere el sistema y podría aumentar las incertezas para los inversionistas”.

La aprehensiones de la CPC al Senado. Mewes, junto a la presidenta de la Comisión de Desarrollo Sostenible CPC, Paulina Riquelme, concurrieron a la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales del Senado a presentar la visión de los empresarios sobre el proyecto. Algunos de los reparos que plantearon en la instancia son:

• Las medidas que apuntan a reducir plazos aplican solo en la etapa de reclamación y apuntan a una proporción muy menor de los proyectos sometidos a evaluación ambiental, los que sólo eventualmente se podrían ver beneficiados.
• Asegura a los integrantes de la Comisión que “el proyecto no logra satisfacer el objetivo de entregar más certezas y de reducción de plazos de evaluación de proyectos de inversión”.
• El proyecto de ley busca eliminar el COEVA y en su lugar dejar la calificación de los proyectos a la dirección regional o ejecutiva del SEA. Para la CPC “es positivo reducir el componente político en la calificación de las RCA, sin embargo, hay que tener precaución con la pérdida de transversalidad de la evaluación y el riesgo de captura del regulador, especialmente respecto de proyectos con altos montos de inversión y Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)”.
• Respecto a la eliminación del Comité de Ministros, advierte que hay que tener cuidado de que sea la misma autoridad que califica, la que resuelve la reclamación administrativa. “La reclamación de los EIA debiera ser tramitada ante una instancia colegiada autónoma”, dice.
• En lo relacionado al registro de consultores, la entidad gremial sostiene este podría restringir el mercado de consultoría ambiental y aumentar los costos de tramitación.
• La ampliación de la participación ciudadana en las DIA como propone el proyecto es complejo para los casos en que no hay carga ambiental. “Avanzar en dicha línea va a congestionar el SEA sin derivar en un beneficio ambiental, y su inadecuada implementación podría generar mayores niveles de judicialización”, dicen los representantes empresariales a los senadores.
• El proyecto de ley propone ampliar el plazo para aplicar el término anticipado hasta después de la primera Adenda. A su juicio, la posibilidad de término anticipado debiera estar delimitada hasta antes de la primera Adenda, ya que de otra forma se generarían incertezas y mayores costos en la evaluación para proyectos que finalmente no van a prosperar.
• El proyecto de ley plantea la posibilidad de que los tribunales ambientales puedan distribuir la carga de la prueba en los procesos de determinación de responsabilidad por daño ambiental. La CPC cree que no es la solución idónea para facilitar el acceso a la justicia ambiental por las siguientes razones:
  • Afecta el principio procesal de que quien alega el hecho debe probarlo, afecta la igualdad de condiciones que debe existir entre las partes y no considera la posibilidad de impugnación.
  • El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ya cuenta con facultades para solicitar información a servicios públicos o a quien corresponda, por lo que no sería necesaria la carga dinámica de la prueba, tal como lo plantea la Corte Suprema en su informe.
• Sobre el recurso único de reclamación, la entidad gremial asegura que es positivo que se busque acotar plazos y se establezcan silencios negativos (no se entrega la resolución solicitada), sin embargo, el silencio negativo debiera conllevar una sanción para el Director del SEA, para efectos de evitar que esta disposición se transforme en una vía para evitar resolver las reclamaciones de proyectos. En la práctica, se podría trasladar la resolución de la controversia a los Tribunales Ambientales, afectando el principio de separación de funciones.

Qué se requiere. Ricardo Mewes sostiene que para que efectivamente se reduzcan los plazos de evaluación ambiental, habría que avanzar en:

• Facultar al SEA para delimitar la pertinencia y oportunidad de los requerimientos de información de los órganos de la administración del Estado.
• Aumentar la dotación de funcionarios del SEA en los departamentos que generan mayores atochamientos en el SEIA.
• Evaluar procedimiento ad-hoc, acotado y expedito para modificaciones de proyectos.
• Eliminar la invalidación ambiental de las RCA (observado por el informe de la Corte Suprema).
• Delimitar la aplicación de las guías y criterios de evaluación en el sentido de que apliquen solo a proyectos nuevos y no tengan un efecto retroactivo para proyectos en etapas avanzadas de evaluación (no requiere modificación legal).

Puede ver aquí la presentación de la CPC sobre el proyecto de ley:

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