Los vientos extremos ocurridos a inicios de agosto representaron una gran exigencia para la infraestructura de servicios eléctricos en las ciudades de la zona centro y sur del país. Esto llevó a que la capacidad de las compañías reguladas en esta área se pusiera en cuestión debido a los extensos cortes de luz en miles de hogares.
Como suele ocurrir, han surgido recriminaciones y el intento por definir responsabilidades. Ya vendrá la calma y habrá que sacar las lecciones de este episodio.
Contar con infraestructura eléctrica capaz de resistir ese tipo de eventos involucra una inversión alta. Sin embargo, se debería esperar que se adopten las medidas para minimizar los daños y diseñar estrategias de resiliencia que aseguren un mínimo tiempo de recuperación del suministro, lo que debe ser convenido entre empresas, municipios, reguladores y la comunidad.
Una primera medida sería reconocer las responsabilidades de todos los actores: alcaldes, empresas, ciudadanos, reguladores y fiscalizadores. Cada uno debe sincerar su rol y dejar en claro en qué falló para permitir que algo así sucediera.
En segundo lugar, consideramos que se debe descartar la estatización de las empresas proveedoras, salvo que se defina que estos servicios son más importantes que la salud, la educación, la vivienda y la seguridad ciudadana, los que consumen buena parte de los recursos públicos.
Luego, deberíamos convenir que si aspiramos a servicios del primer mundo debemos estar dispuestos a pagar por ellos directamente o a través de subsidios. Si se espera que las empresas actúen más allá de los niveles que mostraron, se deben convenir incentivos entre el Estado y los privados para invertir, mantener y operar de acuerdo a las realidades más exigentes que enfrentan y no brindar solo lo mínimo. Está claro que las multas no son suficientemente disuasivas de conductas como las vistas. Tampoco lo es la reputación.
Para avanzar en esta dirección es necesario revisar la estructura tarifaria de modo de permitir rentabilizar las inversiones materializadas y eso requiere sistemas regulatorios que operen de manera oportuna, técnicamente solventes y flexibles. Así será posible promover el uso de las nuevas tecnologías y facilitar rentas razonables a monopolios naturales regulados a largo plazo. Entre otras, los privados deben contar con información propia y no depender de la información que den los usuarios para conocer los daños.
Obviamente habrá divergencias y para asegurar un buen funcionamiento, será necesario contar con mecanismos ágiles y modernos de resolución de esas discrepancias.
Episodios como los observados en las últimas semanas ponen a prueba la Asociación Pública-Privada, la que en estas circunstancias debería fortalecerse. Es a través del aprendizaje conjunto que podemos avanzar en dotar a las familias de servicios robustos y así proveer las condiciones para una mejor calidad de vida.
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