[Confidencial]: Estudio chileno defiende a Honduras en demanda multimillonaria de anarcocapitalistas ante el CIADI

El estudio chileno Jana & Gil lidera la defensa de Honduras ante el CIADI en un caso que podría definir el futuro de las ciudades privadas en la isla de Roatán. La demanda, presentada por inversionistas estadounidenses, asciende a US$11 mil millones y ha generado una intensa polémica por sus implicaciones en la soberanía nacional.

Qué observar. Uno de los casos más grandes y polémicos que se tramitan actualmente ante el CIADI, la principal institución mundial dedicada al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales, tiene como protagonista al estudio de abogados chileno Jana & Gil, quienes han tomado la defensa de Honduras contra una demanda por nada menos que US$ 11 mil millones interpuesta por inversionistas anarcocapitalistas de origen estadounidense.

• El conflicto se centra en el desarrollo de la isla de Roatán, un enclave en el Caribe hondureño, que ha generado controversia debido a la concesión de ciertas autonomías y derechos a los inversionistas que allí operan y que les permitirían crear ciudades gobernadas por ellos mismos sin interferencia del Gobierno de Honduras.
• Prospera, construida en un espacio de las llamadas Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) de Honduras, es una ciudad privada con fines de lucro, con gobierno propio destinado a atraer inversionistas extranjeros a través de impuestos bajos y una baja regulación. Las empresas que se instalen en ella pueden elegir un marco regulatorio de 36 países o personalizar el suyo propio.
• La demanda impuesta contra el Gobierno de Honduras, que busca terminar con este enclave, asciende a US$11 mil millones, y ha llamado la atención no solo por la cuantía en disputa, sino por las implicaciones políticas y jurídicas que conlleva.
• Este caso ha levantado el interés de la prensa internacional. De hecho, fue uno de los temas destacados por el New York Times esta semana.

Antecedentes del Caso. Durante la administración del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, actualmente preso en Estados Unidos por narcotráfico, se estableció un régimen legal que permitió a un grupo de inversionistas de Estados Unidos establecerse en la isla de Roatán para crear un verdadero estado privado dentro del territorio de Honduras.

• Esta Estado dentro del país, dirigido por inversionistas privados, contaría con su propio sistema jurídico y la posibilidad de ejercer facultades soberanas. Como han puesto de relieve sus detractores, entre ellos, la ONU, este tipo de ciudades privadas autónomas plantea riesgos, no solo para la soberanía de Honduras, sino para las las personas que habitan en dichas ciudades.
• Los inversionistas sostienen que ni la Constitución de Honduras ni ninguna otra norma legal del país les es aplicable por el contrato suscrito.
• Con la llegada de un nuevo gobierno en Honduras se revisó este paradigma, el cual está siendo revertido para la recuperación de la soberanía en dicho territorio. Esto provocó que los inversionistas afectados presentaran una demanda internacional en contra del Estado hondureño ante el CIADI, exigiendo una compensación económica por la pérdida de ingresos que hubiesen obtenido por no poder seguir adelante con estas “ciudades privadas”.
• Este enclave privado, reconocido mundialmente como una iniciativa libertaria, se convirtió así en el foco de atención debido a las implicaciones que tiene permitir que una empresa o grupo de empresas ejerza soberanía dentro de un territorio nacional.

Entrada del estudio Jana & Gil. El gobierno de Honduras licitó los servicios de defensa recayendo en el estudio de abogados chileno Jana & Gil, quienes tienen oficina en Chile y España.

• La defensa de Honduras, liderada por los abogados Rodrigo Gil y Francisco Grob, ha argumentado que la medida del nuevo gobierno del país centroamericano es no solo legítima sino necesaria para proteger los intereses nacionales y garantizar que el país no se vea sometido a las decisiones de un grupo privado, lo que podría poner en riesgo la seguridad y los derechos de sus ciudadanos.
• Además, señalan que el régimen original, diseñado y promulgado bajo el mandato de Hernández, estuvo plagado de irregularidades y fue fruto de un entorno de corrupción que llevó al expresidente a ser encarcelado en Nueva York por cargos de narcotráfico.
• La demanda por US$11 mil millones actualmente es la más alta registrada en el sistema internacional de resolución de disputas de inversión.

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