Bastó volver de las Fiestas Patrias para que se nos pasaran las ganas de celebrar. En un mismo día nos enteramos que, mientras en Chile se suspendía un proyecto de energías renovables por USD $1.400 millones, otra empresa chilena aprobaba una inversión de USD $4.600 millones en Brasil. Así, se suman a la larga lista de proyectos suspendidos, aplazados o reubicados, y seguimos normalizando las malas noticias.
Según los datos del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), los montos de inversión por proyectos aprobados en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) muestran una fuerte tendencia a la baja. Sólo entre 2021 y lo que va de este año han disminuido a casi la mitad.
Estas cifras son alarmantes, no solo por la importancia de la inversión para el crecimiento, la recaudación tributaria, los empleos y la actividad económica en general, sino también por un tema que se suele pasar por alto: sin inversión no hay protección al medioambiente.
Lo queramos o no, los desafíos que plantea el cambio climático requieren de una fuerte inversión pública y privada. Necesitamos recursos para proteger nuestra rica biodiversidad, pero tambien para descarbonizar nuestra matriz energética, modernizar nuestras industrias con tecnologías más verdes, construir infraestructura resiliente, y un largo etcétera.
Esto no significa autorizar cualquier cosa, ni que los proyectos que hacen noticia necesariamente tengan que ser aprobados. Pero debemos ser capaces de atraer y facilitar la inversión que nos permita enfrentar el cambio climático. Esto es, mantener altos estándares y colaborar para que los proyectos de inversión puedan cumplirlos.
Así lo ha entendido la gran mayoría de los países desarrollados. Conscientes de la importancia de la iniciativa privada para cumplir con sus metas ambientales, han generado instancias de apoyo y promoción para el desarrollo de grandes proyectos sustentables. Canadá, por ejemplo, se ha enfocado en acelerar este tipo de inversiones, que incluyen proyectos de energías limpias, minería y transporte, a través de una oficina especialmente dedicada a sacarlos adelante. Algo similar hacen Estados Unidos y Australia mediante la coordinación y simplificación de procesos para la obtención de permisos.
En Chile hemos dado pasos en esa dirección, que reflejan cierta conciencia del problema. Hace algunos años se creó la oficina de Gestión de Proyectos Sustentables en el Ministerio de Economía y hoy se discuten en el Congreso los proyectos de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales y de Evaluación Ambiental 2.0. Sin embargo, ambas iniciativas presentan serias deficiencias que impiden avanzar hacia una evaluación ambiental más técnica, simple y eficiente (Carrasco et al. 2024), por lo que no es claro cuándo ni cómo serán despachados. Mientras tanto, seguimos entrampados en la permisología, la falta de certeza jurídica y las señales equívocas (¿autocontenidas?) de la autoridad.
Si de verdad queremos enfrentar el cambio climático, todos deberíamos preocuparnos por sacar adelante nuevos proyectos y dejar de acostumbrarnos a estas malas noticias. Necesitamos construir nuevas fuentes de energías renovables y redes de transmisión. Tenemos que extraer litio, cobre y minerales “verdes” para transformarlos en baterías y autos eléctricos, y desarrollar nuevas tecnologías más limpias y eficientes.
No basta con impedir graves daños ambientales, necesitamos invertir más y mejor para transitar hacia una economía sustentable que proteja de mejor manera al medioambiente.
Colbún suspende proyecto de energía renovable de US$ 1.400 millones tras sucesivas trabas de la autoridad ambiental. https://t.co/q9oGKlDLo3
— Ex-Ante (@exantecl) September 24, 2024
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