Qué sucedió. La FNE solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) multas por un total de 171.354 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a US$ 151,9 millones. Se trata de la multa más alta solicitada en un caso de colusión en Chile. Además, pidió que los permisos de operación se revoquen y que solo se mantengan hasta que nuevos operadores adjudicados entren en funcionamiento.
La historia: “El que tiene, mantiene”. La colusión comenzó a gestarse en mayo de 2021, cuando los máximos ejecutivos de Dreams, Enjoy y Marina del Sol iniciaron conversaciones privadas para coordinarse en los procesos de licitación de permisos de operación de casinos organizados por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ). Las empresas temían que una competencia directa entre ellas generara un aumento significativo de las ofertas presentadas, lo que afectaría sus márgenes de ganancia.
Manipulación de las licitaciones. El acuerdo entre las tres empresas no solo evitó la competencia, sino que también les permitió manipular las ofertas presentadas en las licitaciones de la Superintendencia de Casinos y Juegos.
Pruebas y allanamientos. La investigación de la FNE comenzó en febrero de 2022, cuando una denuncia de la superintendencia de Casinos de Juego alertó al organismo sobre la posible colusión entre las tres principales empresas de casinos en Chile. A partir de esta denuncia, la FNE inició una investigación formal que incluyó allanamientos en los domicilios de los principales ejecutivos de Dreams, Enjoy y Marina del Sol en agosto de 2022.
Delación compensada: El rol de Marina del Sol. Uno de los giros más importantes en la investigación ocurrió cuando Marina del Sol decidió acogerse al programa de delación compensada de la FNE. Este programa permite a las empresas implicadas en prácticas anticompetitivas colaborar con la fiscalía a cambio de una reducción o exención de las sanciones.
Impacto en el mercado. La colusión entre Dreams, Enjoy y Marina del Sol no solo afectó la competencia en el mercado de casinos, sino que también perjudicó a los consumidores y al Estado. Al reducir drásticamente las ofertas presentadas en las licitaciones, las empresas privaron al Estado de ingresos significativos que habrían sido destinados a las municipalidades donde operan los casinos.
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