Bernardo Larraín a 5 años del 18-O: “Hay demandas legítimas que no se han satisfecho”

En esta entrevista de En Foco, el programa del centro de incidencia Pivotes, su fundador, Bernardo Larraín, advierte que más allá de la violencia que se generó post estallido social, hay demandas sociales que no han sido resueltas producto “de un sistema político deficiente”. El ejecutivo alerta sobre la creciente permisología, que hace pocas semanas afectó a la Central de Bombeo Paposo en Tal Tal, luego de que el servicio ambiental de Antofagasta ratificara la suspensión de su Estudio de Impacto Ambiental por falta de información.

-¿Chile está perdiendo su atractivo para las inversiones de energías renovables por culpa de la “permisología”?

-Esto es una cosa que trasciende las energías renovables y que alcanza muchos proyectos de inversión de una cierta escala. Pocos días después de la decisión del Servicio de Evaluación Ambiental regional de Antofagasta respecto al proyecto Paposo, a un proyecto minero se le aplicó un término anticipado. Y otra forma en que se expresa esta situación es que hay otros proyectos cuyos titulares se desisten, porque a pocos meses de ingresar el Servicio de Estudios de Impacto Ambiental (SEIA) insinúa que le faltaría información y que podría aplicar el término anticipado.

Es una cosa que está ocurriendo en varios proyectos, en particular en los de cierta escala o porque la ubicación es compleja. Y se está estableciendo como una manera de responder del SEIA relativamente recurrente. Uno puede reflexionar que se están colando por esa rendija otras posiciones que pueden ser legítimas y que sería mejor que se expresaran en forma explícita que disfrazadas de este concepto de falta de información.

-El proyecto de ley del Gobierno para reformar el SEIA elimina el Comité de Ministros ¿Es suficiente para eliminar la incertidumbre?

-El proyecto de ley que está en discusión en el Congreso tiene muchos cambios, pero hay algunos que no dicen relación con el objetivo de disminuir incertidumbre o discrecionalidad y plazos, como adecuar la legislación ambiental al Tratado de Escazú, pero cuando una iniciativa legal tiene tantos objetivos simultáneos, finalmente se terminan diluyendo, incluido el de reducir los plazos y la discrecionalidad.

Eliminar el Consejo de Ministros como instancia final del proceso es positivo, pero no responde a la principal falencia del SEIA, porque ocurre al final del proceso y observamos que las dificultades parten al principio. Por ejemplo, la facultad que tiene el servicio para decir que hay información insuficiente y que debe terminarse la evaluación del proyecto en forma anticipada, ocurre al principio y no tiene nada que ver el Consejo de Ministros. El proyecto de ley que está hoy en el Congreso no es la respuesta al rediseño que se requiere en el SEIA.

-¿Se puede entregar certezas a los inversionistas desde el principio?

-Sí. De hecho, hubo una comisión que convocó la Presidenta Michelle Bachelet en su primer gobierno, donde se habló de la evaluación ambiental en dos etapas. Que exista una primera etapa donde los proyectos pueden ingresar mucho más anticipadamente, con una descripción general suficiente para tomar ciertas definiciones. Convengamos tanto el Estado como la empresa que presenta el proyecto cuál debiera ser el área de influencia a estudiar, cuál es el alcance de la línea base a levantar. Y tercero, una cosa muy relevante, es si el proyecto es o no compatible con la vocación territorial.

Todo eso debiera definirse en una resolución al término de esta primera etapa. Y, por supuesto que esa resolución tiene que nutrirse de participación ciudadana y de ciertos órganos del Estado, para que sea una decisión fundada. El proyecto contempla una participación temprana, pero es voluntaria, no es vinculante, no hay un involucramiento del Estado y no termina con una resolución.

-Se cumplirán cinco años del estallido social ¿Qué ha pasado en estos años en el ámbito político y en lo social?

-Según la encuesta CEP, un 50% opina que el estallido social fue malo para Chile. Creo que efectivamente el país no quiere volver a ese día ni a los que le siguieron. Pero tampoco creo que el país quiera volver al 17 de octubre. Eso se ha mostrado en algunas encuestas, el estudio del PNUD dice algo así y tiendo a pensar que eso corresponde a la realidad. Hay una sensación de que el camino que se inició con el estallido no dio los resultados. Al revés, hubo un retroceso en muchas condiciones de seguridad, de desarrollo social y desarrollo económico. No le atribuyo al estallido todo lo que ocurrió después, pero innegablemente algún efecto hubo de ese fenómeno social que también fue delictual, violento, en lo que ocurrió en materia de delincuencia y en materia de la capacidad del Estado para procesar y contener esas manifestaciones de violencia.

Ahora, hubo también un millón y medio de personas manifestándose pacíficamente en Plaza Italia la semana posterior al 18, como ocurrió en muchas plazas de Chile. Y ahí hay un trasfondo que hay que leer también porque ha aumentado esta sensación de que había demandas legítimas no se han satisfecho. El ejemplo más notorio es que habiendo tanto diagnóstico compartido sobre la necesidad de reformar el sistema de pensiones, todavía no se concluye esa conversación.

-Respecto a los dos procesos de cambio constitucional. ¿Fue un fracaso, una pérdida de tiempo, de recursos?

-Si se observa el desenlace de los dos procesos, objetivamente fueron un fracaso. El 80% de las personas que votaron a favor de tener un proceso constitucional deben sentirse muy frustrados de que estos intentos. Ahora, los procesos fallidos de repente dejan cierto aprendizaje y pueden sostener algunos cambios que se requieren. En el último proceso se hizo un planteamiento bastante sustantivo de reforma al sistema político, de ciertos cambios en el sistema judicial y en el régimen de empleo público.

-Hemos visto en los últimos años post estallido a empresarios que han preferido invertir fuera de Chile. ¿Sigue vigente la incertidumbre?

-Por un lado no hay duda que el concepto de kafkiano que usó el Presidente para calificar el Sistema de Impacto Ambiental en Chile es creciente, con plazos que son completamente inviables para un proyecto de inversión, mientras que países con los cuales competimos ofrecen un proceso que asegura estándares ambientales elevados, pero en plazos mucho más cortos. Ahora, también hubo una condición más permanente que se vincula con la contingencia, el estallido y con los procesos constitucionales, sobre todo el primero que proponía cambiar completamente la estructura institucional de Chile. No hay duda que eso generó mucha incertidumbre y no generó condiciones habilitantes para invertir.

Obviamente hay una parte de la incertidumbre que se agotó. Chile tiene oportunidades espectaculares. En Colbún y CMPC estamos invirtiendo en Chile. Pero claro, con ese entusiasmo optimista, emprendedor, luego hay que analizar los riesgos y las oportunidades de generación de valor. Pero cuando el riesgo está relacionado a la discrecionalidad e incertidumbre de las reglas del juego básicas, no es gestionable. La empresa no tiene ese músculo para gestionar la discrecional política.

Revise a continuación el programa íntegro de En Foco: