Qué observar. Se siguen escribiendo nuevos capítulos en la disputa por el uso de las aguas en el río Laja, enfrentando a dos de las principales organizaciones de regantes de la región: la Asociación de Canalistas del Laja (ACL) y la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu.
La cronología de los hechos. Si bien las extracciones irregulares en la zona se arrastrarían desde 2012, la historia comienza en 2021 y 2022, cuando la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas confirmó -mediante resoluciones- que la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu, presidida por Patricio Sabag, podía extraer del río Laja hasta 22,6 m3/s, y que sus extracciones por sobre ese caudal serían ilegales.
“Resolución ilegal”. Esta resolución de la DGA Nº2320 del año 2023, se dictó -según el gremio- contra texto legal expreso por estar judicializada la del año 2022 que se modifica y fundada en un análisis falso que duplica derechos de agua. “Esta resolución es ilegal y arbitraria, provoca grave daño y debe ser dejada sin efecto”, agregaron desde la asociación.
La carta al Presidente. En marzo de este año, instituciones de la Región del Biobío, vinculadas a la agricultura, el comercio, el turismo, la generación de energía eléctrica, el riego, organizaciones sociales y de la comunidad, enviaron una carta al Presidente Gabriel Boric para ponerlo en conocimiento de la situación.
La versión de los Canalistas del Canal Zañartu. La Asociación de Canalistas del Canal Zañartu, representadas por el abogado Pablo Jaeger, reúnen a unos 500 socios. El 85% son pequeños agricultores, según el gremio.
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