-¿Cómo interpreta la Cámara el acuerdo entre el Gobierno y los propietarios del terreno en San Antonio? ¿Por qué cree que la suspensión del desalojo genera un precedente peligroso?
-Lo primero es aclarar que estamos frente a una postergación del cumplimiento de la sentencia solicitada por los propietarios del terreno y que está sujeta a encontrar una solución satisfactoria para éstos. Tal como lo señalamos en nuestra declaración, la solución que se alcance en el rol articulador del MINVU, no puede alterar el principio del respeto a la propiedad, ni el de saltarse la fila para obtener subsidios de vivienda. Nos preocupa de sobremanera que, en la búsqueda de solucionar este problema, se siente un precedente que comprometa recursos del Estado lo que sin duda incentivará más tomas de terreno.
-¿Cuáles son los principales riesgos que advierten en la intervención del Minvu para resolver este conflicto?
-El primer riesgo es que la intervención termine validando la ocupación ilegal de un terreno privado y se sienta un precedente para que existan más tomas. El segundo es que terminen comprometiendo recursos públicos, lo que sin duda sería otro factor que incentive a no respetar el Estado de Derecho. Y, por último, existe el riesgo de que en 6 meses este camino no prospere y se perpetúe la situación de ilegalidad.
-La CChC señaló que la ocupación del cerro Centinela en San Antonio comenzó en 2019 y que las advertencias de los dueños no fueron atendidas. ¿Qué responsabilidad atribuyen en este caso?
-En Chile hay 52 terrenos con orden de desalojo. Eso da cuenta de un escenario complicado por varias cosas. Primero, por la demanda de las personas que requieren de un lugar para vivir, pero también de la ausencia del Estado de Derecho que debe proteger y dar garantías totales a quienes son usurpados en sus legítimos derechos. En el caso de San Antonio, hay llamados de alerta desde 2019, cuando comenzó la ocupación ilegal de los terrenos. Lo mismo que ha pasado con el comercio ilegal y los techos azules, pasa con las tomas de terrenos. Se convierten en parte del paisaje sin que haya una acción decidida y oportuna de parte del Estado.
-La CChC enfatiza que el derecho de propiedad es un pilar fundamental del Estado de Derecho ¿Consideran que el manejo de las tomas de San Antonio debilita este principio? ¿Por qué?
-Claramente en este caso se debilitó el principio de defensa del derecho de propiedad, que lo que corrigió el dictamen de Justicia ordenando el desalojo para el 27 de febrero. Con esta postergación, se evita una situación de crisis humanitaria y, también la alta probabilidad que luego del desalojo se registrara otra toma. Pero, al haber dejado pasar tantos años, se pasó por alto el respeto al derecho de propiedad, dejando que se montara una verdadera ciudad en un terreno privado.
-¿Podría generarse un efecto cadena en las otras tomas en que futuras ocupaciones ilegales terminen llevando al Estado a destinar recursos a su regularización?
-Es probable, sobre todo si se acuerda usar recursos del Estado que ya son escasos, en adquirir terrenos ocupados, la verdad es que es un caldo de cultivo para que otras personas sigan la misma línea. Entendemos que hay miles de familias que necesitan una vivienda y que no pueden acceder a ella. Y es por eso, que hemos insistido en una serie de medidas que puedan mejorar y, sobre todo, actualizar las políticas habitacionales para que los recursos puedan ser distribuidos de la mejor manera posible.
-¿Cómo evitar estos incentivos para la tomarse terrenos cuando se llega a acuerdos como el de San Antonio?
-Con una fuerte presencia del Estado que impida las tomas de terrenos, ejerciendo el respeto al derecho de propiedad. Eso como primera medida. Pero a mediano plazo, es indispensable buscar alternativas para revertir el déficit habitacional. Chile no puede mantener una política habitacional que solo se base en la entrega de propiedad. Es necesario incorporar otras soluciones como el arriendo protegido, por ejemplo, que puedan dar acceso a vivienda a más personas cuidando los recursos del Estado. Todo lo anterior con una extrema celeridad que la magnitud de la situación actual lo requiere.
-En términos concretos, ¿qué propone la CChC para reducir el déficit habitacional sin debilitar el Estado de Derecho?
-Es necesario agilizar los procesos de asignación de subsidios. Muchas personas tienen su subsidio, pero no hay viviendas para poder validarlo. Se requiere extender el arriendo protegido y subsidiado e impulsar la construcción a través de procesos industrializados más eficientes y capaces de avanzar en tiempos acotados. Cuando se presenten proyectos para viviendas de interés social, es necesario contar con una tramitación expedita, que no signifique saltarse las normas, pero sí que ponga al Estado a trabajar prioritariamente en entregar los permisos para estas construcciones. La Cámara de Valparaíso, por ejemplo, propuso un “sello social” que identifique a proyectos habitacionales que puedan tener prioridad en la tramitación de permisos sectoriales.
-¿Cómo se puede equilibrar el derecho de propiedad con la necesidad de resolver el déficit habitacional en el corto y largo plazo?
-Creemos que el derecho es al acceso a la vivienda, lo que debe lograrse con respeto irrestricto a las leyes. El aporte del Estado puede diversificarse en subsidios a vivienda para entrega en propiedad, pero también para arriendo protegido, que puede ser una medida que ayude a muchas personas a contar con un lugar para vivir mientras espera su turno en la fila para acceder a otros beneficios. La idea es que estas iniciativas puedan ser aplicadas con una mirada de país que sea consensuada por todos los sectores. Entendamos que estamos ante una emergencia habitacional y que es necesario tomar medidas extraordinarias, siempre en el marco del respeto a la ley y acatando el Estado de Derecho.
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