Un reciente informe de la OCDE describe cómo las empresas evalúan sus programas de cumplimiento anticorrupción. No como las evalúan los reguladores, ni terceros, sino su mirada sincera sobre el estado de avance de sus programas. El reporte propone una conclusión clara: el cumplimiento ya no puede ser visto únicamente como un mecanismo defensivo para evitar sanciones, sino como un activo estratégico que impulsa la sostenibilidad y la integridad empresarial.
Históricamente, el principal incentivo para desarrollar programas de cumplimiento ha sido evitar sanciones regulatorias, multas, castigos penales y daños reputacionales. Este enfoque reactivo ha sido útil, pero limitado. Según la OCDE, muchas empresas —incluyendo grandes multinacionales— reconocen que una estrategia centrada solo en cumplir la norma pierde de vista el objetivo más ambicioso: construir una cultura de integridad arraigada en todos los niveles de la organización, que es un objetivo estratégico para esas mismas organizaciones, más que un objetivo impuesto externamente.
Las empresas más avanzadas están adoptando metodologías que combinan métricas de actividad (por ejemplo, cuántos empleados fueron capacitados) con métricas de impacto (como la mejora en el entendimiento ético o la reducción de comportamientos indebidos). También se están apoyando en herramientas de analítica de datos e inteligencia artificial para detectar patrones de riesgo, auditar en tiempo real y evaluar la eficacia de sus políticas con mayor precisión.
Un caso destacado es el de AB InBev, que ha desarrollado una plataforma propia de IA para monitorear transacciones sospechosas, o el de Novartis, que aplica encuestas conductuales diseñadas por científicos del comportamiento para evaluar la percepción ética de sus equipos. Estos enfoques reflejan una tendencia clara: el cumplimiento eficaz requiere evidencia, interdisciplinariedad y, sobre todo, innovación.
Pero también hay retos. Las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, no disponen de presupuestos para implementar estas prácticas más avanzadas. La OCDE sugiere que aquí, los incentivos gubernamentales —como reducciones de sanciones, ventajas en contrataciones públicas o beneficios fiscales— pueden jugar un papel clave como palanca para el cambio. El informe destaca que las empresas valoran estos incentivos y que su uso va en aumento.
Otro desafío que destaca en el reporte es superar el temor al escrutinio público que sigue a reconocer fallas, y algunas empresas aún dudan en compartir sus métricas y metodologías, por miedo a que sean utilizadas en su contra por autoridades regulatorias. Este entorno inhibe el aprendizaje colectivo. La OCDE sugiere promover espacios seguros de diálogo público-privado, donde empresas, gobiernos y sociedad civil puedan intercambiar experiencias sin comprometer su confidencialidad.
El prevenir la corrupción no debe ser solo un asuntos de cumplimiento normativo. Debiera ser visto, como lo señalan las empresas que participaron del reporte, como una brújula estratégica que les ayuda a navegar en entornos complejos, a proteger su reputación y a atraer talento joven, inversión y confianza. Evaluar su efectividad no es solo lo que pide la ley de responsabilidad de las personas jurídicas, y por tanto un desde, sino también una herramienta para mejorar, innovar y, en última instancia, competir con ética en el mercado global.
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— Ex-Ante (@exantecl) April 8, 2025
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