No hay caso.
Aunque a nadie le gustó la parchada-a-última-hora gran reforma de 2015, que prometía recaudar 3% del PIB (ya sabemos llegó apenas a la mitad), desde entonces ha sido imposible acordar un sistema de impuesto a la renta que todos consideremos sea al mismo tiempo competitivo, moderno y equitativo.
El año 2018, cuando se empezó a discutir la reforma aprobada en 2020, se introdujeron modificaciones con miras a la modernización del sistema tributario (diría yo con bastante éxito), pero sin tocar la nueva estructura semi-integrada del impuesto a la renta: seguramente era demasiado pronto, y los equilibrios políticos pre-estallido social eran, ciertamente, diferentes.
Corría el año 2022 y el nuevo gobierno, acaso todavía insuflado por ese impulso reformador que la realidad luego le obligó a moderar, propuso desintegrar el sistema acompañado de un alza generalizada de impuestos a las personas y a las rentas del capital. El rechazo a dicha propuesta en 2023 fue una de las grandes derrotas legislativas de la administración Boric.
Como era importante incrementar la recaudación (pensando por sobre todo en el riesgo de dejar la recién aprobada PGU sin financiamiento permanente), el gobierno adoptó la estrategia de separar (en lo que sería un segundo intento, un año después) los temas donde había cierto consenso y aquéllos en que no. Nace así el denominado “Pacto Fiscal”, enfocado fundamentalmente en el combate a la evasión y elusión, y que se presentó de manera conjunta con los proyectos de ley orientados a mitigar lo que hemos llamado, con sarcasmo, “permisología” del Estado. La reforma al impuesto a la renta se dejaría para más adelante (en el camino quedó también, aunque sin explicación, la iniciativa de impuestos correctivos). Mientras tanto, las proyecciones de crecimiento se corregían a la baja al mismo tiempo que se publicaba, por parte del SII (y para estupor del mundo privado) un controvertido informe que afirmaba que la evasión del impuesto a la renta rodeaba el 50%.
En esta nueva propuesta, que desembocaría en la Ley de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias, se estimó una recaudación de 1,5% del PIB, y salvo algunos aspectos puntuales, el mercado tuvo (en general) una recepción positiva del proyecto, particularmente en relación con las nuevas medidas contra la evasión y conceptos novedosos como el de sostenibilidad tributaria. La ley fue aprobada por amplia mayoría.
Por desgracia (y para indignación de la oposición), las proyecciones de recaudación nuevamente se quedarían cortas: el nuevo incentivo a la repatriación de capitales, que sorpresivamente se había incluido como medida transitoria, logró recaudar apenas un 14% de lo proyectado. Ello sumado a otros errores (o mal criterio) por parte de la DIPRES que sobreestimaron los ingresos fiscales del período, llevaron a la administración a reconocer (animada por el Consejo Fiscal Autónomo) la necesidad de practicar importantes recortes fiscales.
A pesar de lo anterior, el gobierno anunciaba que seguiría adelante con el proyecto de impuesto a la renta, pero subrayando que se trataría de una reforma neutra desde el punto de vista de recaudación fiscal: por un lado, se rebajaría la carga tributaria de las empresas (de las más altas de la OCDE), pero se incrementaría aquella de las rentas del capital y de las personas de mayores ingresos. Así, la tasa del impuesto de Primera Categoría se rebajaría de un 27% a un 24%, pero el sistema se desintegraría mediante la incorporación de un impuesto a la primera distribución de utilidades (originalmente de 4%; al final supimos que sería de un 5,5%) y uno de 16% al accionista o socio final (que luego se modificó por una tasa progresiva entre el 5% y el 14%) más alzas a los impuestos personales de los tramos superiores.
Mientras los gremios empresariales celebraban la rebaja del impuesto corporativo, y la oposición notificaba que no aprobaría alza de impuesto alguna, llegó el 2 de abril de 2025, también conocido como Liberation Day. El caos que le ha seguido ha supuesto una pérdida de valor bursátil superior a la de la crisis asiática (y sus efectos ya los empezamos a sentir en nuestra propia economía, con un dólar que cae a los 940 pesos). Mientras tanto, el flamante nuevo director del SII, Javier Etcheverry, publica una versión revisada del informe sobre evasión que corrige a la baja dichas cifras -redundando en un recálculo a la baja de las estimaciones vinculadas a las nuevas normas contra la evasión.
Y con ello, la viabilidad de cualquier reforma adicional (a menos de 6 meses de entrada en vigencia la anterior) quedó pulverizada.
Alguien podría decir que, en este intento, fue la contingencia externa la que terminó por dinamitar el esfuerzo de reformar el sistema semi-integrado.
Pero el problema es más de fondo. La propia reforma de 2015 fue producto mayorías contingentes (todavía se recuerda a la “retroexcavadora” de esos años) más que de un consenso genuino, y la discusión filosófica sobre qué sistema conviene más a Chile parece no tener fin.
Parece evidente que seguir defendiendo al sistema integrado o desintegrado como si cada cual representara a derecha e izquierda, respectivamente, es un craso error intelectual. Más bien hay que intentar identificar, desapasionadamente, dónde están los problemas reales de nuestro sistema tributario.
El gobierno, antes de dar pie atrás con la reforma al impuesto a la renta, identificó una asimetría entre las rentas del capital (de las que disfrutan los sectores de mayores ingresos) y las rentas del trabajo de las que vive la mayoría de los chilenos. Vale la pena mirarlo. Pero la evidencia abunda también en el sentido de mostrar que la brecha de recaudación (descontando la evasión) está en los impuestos personales, empero no de los tramos superiores, por cuanto la base del impuesto personal es demasiado pequeña. Pero la política chilena presenta una timidez sorprendente a la hora de discutir este aspecto fundamental.
Por ahora, para bien o para mal, nos vemos obligados a darle un respiro a la discusión (cortesía de Donald Trump). Pero no podremos hacerle el quite a la discusión por demasiado tiempo. Sólo el tiempo dirá si el tan añorado consenso tributario alguna vez nos permitirá dejar de pensar en reformas cada dos o cuatro años.
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Cambios en la institucionalidad económica estadounidense y por qué importan para Chile. Por Kevin Cowan. https://t.co/Cqgb4HAn2P
— Ex-Ante (@exantecl) April 22, 2025
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