Qué observar. La empresa canadiense Cooke Aquaculture Chile acusó un “acoso administrativo” por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), tras la decisión del regulador de clausurar dos de sus centros de cultivo en la región de Aysén y aplicar una multa superior a 1.600 UTA, aproximadamente US$ 1,4 millones.
Cooke se lanza contra la SMA. En una declaración emitida este viernes, Cooke afirmó que la resolución de la SMA “confirma la actuación sesgada, anti empresarial y al margen del espíritu y la letra de la legislación vigente” del organismo fiscalizador, acusando que éste actúa como “juez y parte” en los procesos sancionatorios.
El detalle de las sanciones ambientales. Según la resolución de la SMA, la empresa incurrió en ocho infracciones en los centros Punta Garrao, Huillines 2 y Huillines 3.
Contexto político y comercial. Cooke no solo apeló a razones técnicas, sino también invocó el protocolo de relocalización voluntaria firmado con el Gobierno, recordando que el actual ministro de Hacienda, Nicolás Grau, suscribió ese acuerdo en su anterior rol en Economía.
Próximos pasos. La empresa anunció que recurrirá a todas las instancias legales para revertir la resolución, lo que abre un nuevo frente judicial con potencial para reactivar el debate sobre el equilibrio entre desarrollo productivo y conservación ambiental.
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Tras la destitución de ambos jueces, la poderosa Tercera Sala cambió controvertidos enfoques en salud y medio ambiente. También adoptó una línea de no intervenir en el fondo técnico de las decisiones en proyectos que aún están en evaluación ambiental, sino a revisar errores en materia de Derecho. Hay varios ejemplos.
Elmer Cuba, exsocio de Macroconsult y exdirector del Banco Central peruano, cursó un magíster en la Universidad Católica de Chile, donde dice a Ex-Ante que sus “mejores profesores de la UC fueron Vittorio Corbo, Felipe Larraín y Rodrigo Vergara”. Y recordó un curso de econometría que Jorge Quiroz fue a dictar a Lima, Perú.
En una nueva sesión del Comité de Ministros se destrabaron dos iniciativas detenidas: la ampliación del terminal portuario de Valparaíso y la segunda mayor inversión de transmisión eléctrica en evaluación ambiental. A la fecha, el Gobierno ha destrabado inversiones por cerca de US$ 11.300 millones.
Si la preocupación es profundizar el mercado de capitales y mejorar el desempeño empresarial, la agenda debe avanzar hacia mecanismos que fortalezcan el valor del directorio como garante de confianza frente al mercado.
Las tramitaciones de proyectos de inversión están experimentando un fenómeno: son destrabadas por el Comité de Ministros, pero terminan judicializadas en los tribunales ambientales. Maratué, Minera Caserones, Los Coihues y Embalse Zapallar son cuatro casos que reflejan esta tendencia.
