Patricio Gatica Rossi, dirigente minero, y sus críticas a ministra Rojas por “falta de certeza jurídica”

El presidente Agrupación Nacional de la Pequeña y Mediana Minería y Dueños de Concesiones Mineras arremete contra el ministerio de Medio Ambiente por la aplicación de la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y que afecta a unas 300 faenas mineras.

La agrupación que preside Gatica nació en protesta contra esa ley y reúne a 25 asociaciones mineras. Su alerta es que podría significar el cierre de importantes faenas mineras. Estima que ministra Maisa Rojas está actuando apresuradamente para mostrar resultados en la reunión de la COP en Brasil, en noviembre.

-¿La ley podría retrotraer resoluciones de calificación ambiental ya aprobadas por el SEA?

-Se puede producir que colisionen distintos derechos económicos. No se ve que estas leyes y reglamentos -que se pretende aplicar sin armonía jurídica legislativa-  dé cuenta cómo se va a aplicar y sus reales consecuencias. Lo que nos preocupa es su eventual implementación. Ya hay áreas que ya se consideraron como sitios prioritarios donde hay faenas mineras y que fueron otorgadas en virtud de la ley de concesiones mineras que tiene un rango constitucional. Son más de 300.

-Usted ha señalado que buscan detener o congelar la ley, ¿en qué va este proceso?

-Vamos a insistir en congelar para que entre todos busquemos una solución armónica que permita el cuidado del medio ambiente y la biodiversidad y coexista con la pequeña minería y otras actividades. La pequeña minería no es reemplazable por otra actividad que sea competitiva a nivel internacional. Hay ciudades y pequeñas localidades que viven solo de esta actividad económica.

-¿Puede asegurar que en estas 300 faenas no hay un perjuicio a la biodiversidad?

-No tengo la capacidad técnica ni voy a ser arrogante en decir eso. Lo que puedo decir es que una cosa es proteger la biodiversidad en áreas definidas previamente, como parques y reservas nacionales, y otra es hacerlo extensivo más allá, porque esta ley no define específicamente los lugares donde se va a aplicar.

-¿Cree que hay incoherencia en el gobierno al sacar adelante la Ley de Permisos Sectoriales para terminar con la permisología y por otro lado propiciar esta normativa que podría poner trabas a la inversión y a los negocios mineros?

-Que los permisos se apuren no nos blinda de seguridad jurídica porque una cosa es que den un permiso más rápido y otra es que eso esté acompañado de certeza jurídica. No hay garantía para la inversión.

-¿Cómo enfrenta su gremio eso?

-Con enorme preocupación. Es fundamental para cualquier inversión, pequeña, mediana o grande, tener certeza jurídica de los permisos que se han otorgado. No se pueden cambiar las reglas de una RCA (Resolución de Calificación Ambiental) porque se determina que las condiciones son otras. Uno ya se ha comprometido con un proceso donde se han considerado los eventuales daños que se puedan hacer y hay compromisos ambientales que se deben cumplir.

-¿Qué responsabilidad tiene la Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas?

-Aunque suene un poco fuerte esto, creo que no ha habido una información oportuna y eficaz de los verdaderos alcances técnicos y científicos de las cosas que se promueven.

-¿Cree que el Ministerio no ha dimensionado el impacto económico?

-No cabe duda, y mucho menos si hay claridad absoluta de la verdadera afectación que pueda haber en los sistemas de biodiversidad a la escala en que algunos de los nuestros van a producir. Porque no es lo mismo una empresa internacional que produce 400.000 toneladas al día y un pequeño minero que produce 5.000 o 10.000 toneladas al mes. Esas diferencias no han sido consideradas en su justa dimensión.

-¿Se ha acercado el gremio a hablar este tema con la ministra?

-Asistimos a una reunión de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara en la cual hicimos ver el problema y pedimos ampliar el plazo. Se nos concedieron 15 días, la nada misma. Además, le hicimos ver a la ministra con claridad que la ley podría caer en exceso respecto de la consideración de algún sitio protegido. Ella respondió que, según su apreciación, nada era retroactivo y que nada de lo que ya estaba iba a afectar a la pequeña minería.

-El ministerio dijo que va a dialogar con los gremios y le encomendó al Director Nacional de la SBAP, Aarón Cavieres, que lidere las conversaciones. ¿Qué le van a pedir si se reúnen con él?

-Tenemos una sola petición: que esto se congele para que entre todos analicemos en detalle los efectos jurídicos, técnicos y los de daño a la biodiversidad y al medio ambiente a la escala que lo realizamos.

 –¿Qué viabilidad le ve a que se congele la aplicación de esta ley?

-Sinceramente, ninguna. Lo que vamos hacer es usar todas las herramientas el Estado de Derecho y eso significa que tenemos el derecho a recurrir, si fuese necesario, a la justicia y a los tribunales competentes. Tenemos también todo el derecho a manifestarnos pacíficamente, como lo hemos hecho siempre.

-¿Cree que la ministra Rojas, está actuando en forma apresurada para poder mostrar resultados en la próxima reunión de la COP en Brasil?

-No me gusta participar en política, pero creo que sí.

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