Nuestra Carta Fundamental señala que el Estado está al servicio de la persona humana y que su finalidad es promover el bien común, debiendo contribuir a generar las condiciones sociales (subrayo “debiendo contribuir”; no es su deber crear las condiciones) que permitan a todos y cada una de las personas su mayor realización material y espiritual posible, respetando los derechos y garantías establecidos en la Constitución.
Al mismo tiempo, establece que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones, y que la regla general es la transparencia en la función pública.
¿Pero, cómo perciben los chilenos el cumplimiento de estas disposiciones, que son fundamentales para el progreso y desarrollo de la sociedad, el buen funcionamiento democrático, el respeto por el Estado de derecho y la confianza institucional?
La más reciente encuesta CEP evidencia que la percepción imperante es que estos mandatos no se están cumpliendo o, a lo más, se están cumpliendo demasiado a medias. En efecto, una importante mayoría es de la opinión que el Estado debe ser reformado, sustantivamente, para brindar servicios de calidad a las personas.
Entre otros problemas, la población estima que en el Estado hay prácticas indebidas que se identifican, normativamente hablando, con faltas a la probidad. Así, las personas perciben que en el Estado se privilegia ubicar a la familia y amigos en puestos de poder y que los fondos públicos se usan en beneficio propio. Al mismo tiempo, y aun cuando más abajo en las malas prácticas que la población identifica, estiman que en el Estado se influye para que los recursos fiscales sean asignados a organizaciones asociadas a las propias autoridades o a sus cercanos.
Por su parte, la edición 2025 de la Encuesta de Corrupción de Libertad y Desarrollo confirma que “La corrupción continúa siendo un fenómeno persistente y estructural en la vida pública chilena. Si bien los indicadores muestran una leve estabilidad respecto del año anterior, esta aparente meseta no simboliza ni se acompaña de una mejora sustantiva en la confianza. Por el contrario, el nivel promedio de percepción revela que la ciudadanía sigue considerando la corrupción como un rasgo sistémico del funcionamiento institucional, más que como un problema coyuntural asociado a casos aislados”.
Las faltas a la probidad y la corrupción, como fenómeno persistente y estructural, son muy preocupantes. Más allá de su documentado efecto (negativo) en el progreso y la confianza institucional, al final del día no debemos olvidar que lo que Estado administra y asigna son nuestros recursos. No existe aquello de “los recursos del Estado”. Recuérdelo, pues la repetición constante de la falsa idea de que son “del Estado” ha logrado que esta noción sea creíble, en circunstancias que no es tal. De ahí que, tal vez, se dejen pasar cosas que en realidad son intolerables.
Esta gestión estatal -de lo que pertenece a las personas- encierra que nuestros recursos deben destinarse a políticas, planes y programas que contribuyan, como dice la Constitución, a crear las condiciones para que cada uno de nosotros pueda alcanzar la mayor realización posible. Es decir, al servicio de las personas, teniendo en consideración el interés general sobre el particular.
Pero trabajar en el Estado, por el bienestar de las personas, no solo supone actuar bajo estricto apego al principio de probidad y transparencia (que es un mínimo esencial y necesario), sino que, además, implica hacerlo de una manera que se condiga con los principios de eficiencia, eficacia y oportunidad.
Y la eficiencia y eficacia no solo suponen lo evidente, sino también considerar aquello que se conoce como el costo de oportunidad, es decir, el valor de la mejor alternativa a la que se renuncia al tomar una decisión. Es el beneficio que se pierde al elegir una opción sobre otra, lo que permite dimensionar el costo real de las decisiones.
Así, los recursos públicos que se destinan a unos ciertos fines dejarán de destinarse a otros, de manera que la elección de objetivos (y medios) tiene costos que la ciudadanía experimentará. Por ello, cuando en las decisiones estatales no se pondera o se minimiza el costo de oportunidad, la interpretación de las personas es que sus recursos se malgastan afectando no solo la confianza en las instituciones, sino que y más directamente, sus propias oportunidades.
La muy mediocre percepción del desempeño estatal, en pos del bienestar de las personas produce, a su vez, otras consecuencias, como las preferencias manifestadas en la encuesta CEP de contar con expertos, y no autoridades electas, para tomar las decisiones más importantes. Así, una importante mayoría señala que esa forma de gobernar (expertos) le parece muy buena o bastante buena, lo que es coincidente con la insuficiente valoración que muestran por el buen funcionamiento de la democracia.
Ante estos resultados, muchos analistas, exautoridades, autoridades y postulantes a serlo se alarman. Nos advierten que podría venir una deriva autoritaria y nos inundan con retórica y teoría sobre los beneficios de la democracia como forma de gobierno, sobre otras. Sin perjuicio que lo es, la retórica no es el remedio al problema de la desconfianza en la democracia.
Lo que realmente contribuiría sería poner el énfasis (y la acción decidida) en la eficiente, eficaz, transparente y proba gestión de los recursos de los chilenos, orientándolos al servicio de las personas, y en la evaluación periódica, real -y con estándares exigentes- de las políticas, planes y programas dispuestos al efecto, así como de las personas que trabajan en el Estado para ejecutarlos.
Más que anunciar con tono lastimosos el posible ocaso de la democracia, como si ello se debiera a causas totalmente ajenas a los protagonistas del poder, lo que sería deseable es que le pongan el cascabel el gato y se hagan cargo de la desafección con propuestas urgentes, no solo para modernizar el Estado, sino para que éste realmente cumpla el mandato que le hemos dado todos los ciudadanos.
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