Qué sucedió. El Gobierno anunció la expropiación de cerca de 100 hectáreas en el Cerro Centinela, en San Antonio, donde habita el mayor campamento del país. Tras la fallida negociación con la inmobiliaria dueña del predio, el Ejecutivo informó que destinaría unos $11 mil millones, equivalentes a cerca de 0,23 UF/m², para adquirir los terrenos.
Un precio que podría multiplicarse. De acuerdo con el análisis de Aravena, existen inconsistencias relevantes entre el valor que el Gobierno pretende pagar y las tasaciones oficiales de años anteriores para el mismo terreno.
El riesgo para la próxima administración. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, explicó que los $11 mil millones provienen de recursos no ejecutados para compras de terrenos en otras regiones. Sin embargo, si la tasación judicial arroja un valor más alto -como sugieren las referencias del propio Estado-, el pago adicional deberá realizarlo la administración que asuma en marzo.
La expropiación es apenas el primer costo. Incluso, si se resolviera la compra del terreno, el Estado debe enfrentar un gasto adicional: la urbanización. La minuta estima que urbanizar 100 hectáreas tiene un costo aproximado de 0,3 UF/m², es decir, unas 300.000 UF (más de $10 mil millones).
La presión sobre el presupuesto habitacional. El paso siguiente es la construcción de las viviendas. Y aquí surge un nuevo nudo: la demanda por subsidios.
Una decisión acelerada. Aravena advierte que la falta de información transparente sobre los costos reales del proyecto: el valor probable de la expropiación, el costo de urbanización, la cantidad efectiva de beneficiarios y la magnitud del subsidio total.
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