-¿Qué debe hacer el nuevo presidente electo en materia de infraestructura para liberar la inversión, considerando la gran cartera de concesiones en el MOP que aún no ha partido?
–Lo que se debería hacer es ocuparse fundamentalmente de sacar adelante los proyectos de concesiones que ya están adjudicados y que se encuentran demorados en su puesta en marcha por diversas razones. Actualmente, tenemos entre US$4.000 a US$5.000 millones en proyectos que están en condiciones de empezar, pero que han enfrentado problemas administrativos con distintos organismos reguladores que han dificultado su puesta en marcha. Creo que el Presidente podría activar esto mediante una orden ejecutiva para asegurar que las personas puestas a cargo de las distintas reparticiones obedezcan sus mandatos.
-En este aspecto, ¿qué tan importantes son los nombramientos que realice el Presidente electo?
–Son fundamentales. Una cosa que es clave es recuperar la verticalidad del mando dentro del sector público. Las instituciones deben estar dirigidas por personas que respondan a un sentido de política pública, la cual es fijada por el gobierno. El compromiso con el programa de gobierno es muy importante, y si éste ha priorizado la inversión y el crecimiento, las personas nombradas deben estar de acuerdo y responder a los mandatos que el presidente haga.
-¿Qué sucede con los funcionarios que no estén alineados con esta visión?
–Es crucial que se recupere la verticalidad del mando. Si alguien no está de acuerdo, tendrá que buscar un lugar distinto donde pueda operar con su mentalidad y visión. Desde el punto de vista de los aparatos de gobierno, es fundamental que la gente que está ahí esté comprometida con lo que el gobierno define como principal.
-¿Cree que la solución pasa por una desregulación?
–No, no creo que deba haber una desregulación, pues esta requiere proyectos de ley y es difícil pensar en desregular a corto plazo. Lo que tiene que haber es una aplicación más rápida y fluida de las regulaciones existentes. Esto permitiría llevar adelante los programas de inversión que se requieren.
-Respecto a la tramitología y los permisos sectoriales, ¿qué pasos se deben tomar para agilizar los procesos?
-Durante el último año y medio se avanzó mucho en la nueva ley de permisos sectoriales. Ahora, el compromiso debe ser llevar adelante los reglamentos de esa ley y montar la oficina de agilización de proyectos en el Ministerio de Economía. Avanzar en los reglamentos y establecer esta oficina son pasos fundamentales para los proyectos de inversión.
-¿Cómo se debe abordar el tema ambiental y las organizaciones que dificultan proyectos?
-Hay que tomar precauciones con las organizaciones no gubernamentales (ONGs) que dificultan los proyectos. Se debería hacer un registro de estas organizaciones y preguntar por sus fuentes de financiamiento e investigar los intereses que tienen comprometidos. Esto es necesario para asegurar que su acción no sea un simple acto de entorpecimiento por negocio o por entorpecer. Por ejemplo, en el puerto de San Antonio, se presentan permanentemente una enorme cantidad de preguntas por parte de la misma gente, obligando a revisar procedimientos. Hay que formalizar los procedimientos para que no se transformen en una forma de demorar por demorar, lo que termina siendo un negocio.
-Más allá de activar los proyectos actuales, ¿en qué otras áreas debe avanzar el gobierno para ampliar la inversión privada en infraestructura?
-Hay que entrar en la revisión de las dificultades que ha enfrentado el sistema concesional para abrirlo a otras disciplinas y aumentar su alcance. Debemos preguntarnos por qué están llegando pocas empresas y por qué se deben postergar permanentemente los proyectos en carpeta de licitación.
Entre las nuevas áreas que cabrían en las posibilidades de desarrollo están:
-Dada la restricción fiscal, ¿qué instrumentos financieros se deben usar para activar la inversión privada en infraestructura pública?
–Hay que ver cómo activar la inversión privada. Se debería retomar y desarrollar el proyecto de modificación a la Ley de Urbano Compartido. También hay que sacar más provecho a Desarrollo País, que es la derivación del fondo de infraestructura, ya que puede ser un instrumento de tremenda capacidad de apalancamiento.
Finalmente, es crucial avanzar rápido en temas portuarios, activando la licitación de los cinco puertos públicos que deben estar listos para el 2030. Además, se debe tomar una decisión rápida respecto del Puerto de San Antonio, que está lo suficientemente avanzado como para ser un tremendo proyecto de inversión y mostrar la vocación de Chile de vincularse a los mercados globales.
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