Una de las ideas que más consenso ha generado en el debate sobre cómo reactivar el crecimiento económico en Chile es la necesidad de reforzar la colaboración entre el sector público y el privado. Un ejemplo concreto y exitoso de esta alianza es el sistema de concesiones de infraestructura pública, que ha permitido al país ampliar significativamente su red de obras estratégicas.
Este modelo se sustenta en principios que vale la pena recordar. El primero es que los proyectos de concesiones son iniciativas de interés público, impulsadas por los ministerios de Obras Públicas y de Hacienda. Se trata de obras de gran envergadura que responden a una visión de largo plazo y que apuntan al desarrollo sostenible del país. Su origen no radica necesariamente en las señales del mercado, sino en una mirada de Estado sobre el futuro territorial y económico de Chile.
Desde esa visión pública, el sector privado puede y debe jugar un rol complementario. Muchas veces, es el mundo empresarial el que detecta oportunidades que el Estado no alcanza a vislumbrar, aportando su mirada de futuro, su capacidad de gestión, innovación tecnológica y financiamiento. La experiencia en industrias como el hidrógeno verde, los data centers, la minería, la agricultura, las pesquerías y el turismo así lo demuestra. En todos estos casos, la iniciativa privada ha sido clave para transformar recursos y ventajas comparativas en oportunidades de desarrollo.
Pero la colaboración público-privada requiere condiciones habilitantes. Una de ellas es que el Estado asuma el liderazgo estratégico en la identificación de las soluciones de infraestructura necesarias y en la articulación de los actores relevantes. Debe generar los marcos contractuales adecuados, asegurar la transparencia y garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental y social vigente.
Asimismo, las distintas entidades públicas involucradas -ministerios, empresas del Estado, agencias especializadas- deben actuar coordinadamente y con sentido de urgencia. Es en ese sentido que como CPI hemos impulsado una entidad supra ministerial encargada de facilitar la ejecución de los proyectos de envergadura que el país demanda. Si no existe una estructura institucional para ello, es responsabilidad de la máxima autoridad política generar los mecanismos necesarios.
Esto implica que organismos como el Ministerio del Medio Ambiente, el Consejo de Monumentos Nacionales u otros entes reguladores no solo efectúen una función fiscalizadora, sino también facilitadora, ayudando a compatibilizar el cumplimiento normativo con la ejecución oportuna de proyectos estratégicos. Siendo estos proyectos de Estado, su compromiso debe ser también con que estos se lleven a cabo a la mayor brevedad para contribuir así a mejorar a la calidad de vida de nuestros habitantes.
Cuando se habla de crecimiento, la colaboración entre los actores públicos y privados no es una opción, sino una necesidad. Cada parte debe cumplir su rol con responsabilidad y visión de país. La industria de las concesiones no solo muestra lo que se puede lograr cuando hay cooperación efectiva, sino que también puede convertirse en un laboratorio de aprendizaje institucional. Observar con atención este sector puede ofrecer claves valiosas para replicar y mejorar la colaboración en otras áreas donde aún es débil o incipiente.
Chile necesita crecer. Y para ello, necesita asociarse mejor.
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— Ex-Ante (@exantecl) July 17, 2025
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