En estas últimas semanas han surgido iniciativas que tienen por propósito recuperar nuestra capacidad de crecimiento como país. Nos parece un gran avance, especialmente, cuando la mayoría de ellas coinciden en lo fundamental: equilibrio fiscal, reducir impuestos a las empresas y compensar a través de diferentes medidas de ajuste del gasto y de expansión de la tributación por parte de las personas, profundizar nuestra participación en los mercados externos y el control del endeudamiento.
A este contexto, se agregan medidas como el aumento de la inversión en infraestructura financiada a través del presupuesto público así como a través de concesiones (de diferentes mecanismos de Asociación Público-Privada).
Como país estamos viviendo un momento clave. Da la impresión que el futuro de la economía mundial evolucionará hacia actividades en que Chile tiene ventajas competitivas significativas: minerales para reforzar los procesos de descarbonización, alimentos cada vez en mayor cantidad y calidad, madera para fines industriales, servicios y productos intensivos en energías limpias.
Junto con ello tenemos una larga costa sobre el Océano Pacífico que nos permite prestar servicios a nuestros vecinos que también cuentan con bienes que tendrán alta demanda y contamos con paisajes y un clima privilegiado para quienes, desde otras partes del mundo, quieren optar por el turismo.
No podemos perder esta oportunidad y por eso, debemos concentrar esfuerzos en identificar qué debemos hacer para permitir que este potencial se despliegue plenamente.
Pero un contexto económico adecuado, la convergencia respecto de la necesidad de recuperar el crecimiento y la identificación de oportunidades de inversión no bastan para que esto se haga posible. Es necesario intervenir para modificar las restricciones que hacen difícil a los inversionistas materializar sus proyectos.
En este sentido, pensamos que mientras se tramitan en el Congreso los proyectos de ley que destraban permisos sectoriales y ambientales es necesario aprovechar la capacidad que tiene el Presidente de la República, a través de la asignación de prioridad a proyectos que sean relevantes, para priorizar la inversión, aplicando con urgencia y criterio exigencias regulatorias que, muchas veces, conducen a confusión.
La línea de transmisión eléctrica Kimal-Lo Aguirre, por ejemplo, fundamental para avanzar en descarbonización y en la contribución de Chile al medio ambiente, no debiera enfrentar dificultades producto de la legislación ambiental. Lo mismo sucede con edificios de vivienda, que no tienen recepción final de los municipios, en momentos en que se requieren soluciones habitacionales. O el caso de un proyecto de “tierras raras”, que podría situarnos en la punta del abastecimiento de minerales relevantes, el que se ve dificultado por el impacto que tendría en los “naranjillos”.
En este sentido, la gestión que pueda ejercerse desde el gobierno adquiere la máxima relevancia, en la medida que se comparte la urgencia de agilizar la inversión, como lo ha expresado el Presidente en la cuenta pública. Para ese efecto, sus facultades parecen ser la única forma de lograr una pronta reacción, lo que ayudaría a no perder las oportunidades que se presentan.
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