Lo que importa. El Fondo de Financiamiento de la Educación Superior (FES) es uno de los proyectos emblemáticos del Presidente Gabriel Boric, llamado a reemplazar al CAE y a rediseñar el financiamiento universitario.
Un proyecto clave para Boric. El FES busca terminar con el endeudamiento estudiantil asociado al CAE y avanzar hacia un sistema contingente al ingreso, con pagos posteriores al egreso y administrados por el Estado. Para el Ejecutivo, se trata de una reforma estructural al sistema de educación superior, alineada con su promesa de campaña.
Las primeras alertas: Contraloría y CFA. El debate se tensionó cuando la Contraloría General de la República cuestionó el tratamiento contable del FES, señalando que sus recursos deben considerarse gasto fiscal y no un activo, lo que deteriora el balance estructural.
El informe de la UC. A estas críticas se sumó un informe académico encargado a la Universidad Católica, y que fue liderado por Andrea Repetto y Harald Beyer, que alertó sobre riesgos para la autonomía universitaria y la sostenibilidad financiera del sistema.
Lo nuevo: el informe de Acción Educar. En ese contexto aparece un nuevo informe de Acción Educar, elaborado por Javiera Pavišić, que no analiza directamente el articulado del FES, pero sí sus efectos indirectos y el entorno en que se implementaría.
El punto crítico: autonomía y dependencia del Estado. El informe advierte que el congelamiento traslada el costo de la inflación a las instituciones, tensiona sus presupuestos internos y profundiza la dependencia del Estado. En particular, subraya que, a diferencia de la gratuidad, el arancel de referencia no tiene un reajuste regulado por ley, lo que abre espacio a la discrecionalidad del gobierno de turno.
El dilema de fondo. Así, el FES enfrenta hoy un dilema político y técnico: avanzar como reforma emblemática del gobierno o ajustar su diseño para responder a las críticas de sostenibilidad fiscal y autonomía universitaria.
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