Cada gran emergencia que enfrenta el país deja en evidencia que los tiempos de respuesta del Estado suelen ser mucho más lentos de lo que la situación y las expectativas ciudadanas exigen. Las personas se organizan con donaciones masivas, lo que refleja cohesión social, pero también fragilidad estructural. Tratamos los desastres como eventos excepcionales, cuando son cada vez más frecuentes y exigen anticipación y políticas públicas acordes.
El impacto fiscal de las últimas catástrofes lo confirma. Tras el terremoto del 27 de febrero de 2010, el Ministerio de Hacienda cifró el costo fiscal en US$ 5.922 millones. Según estimaciones de Clapes UC, los incendios de la Región de Valparaíso en 2024 implicaron US$ 500 millones en reconstrucción. Cada evento deja lamentables pérdidas de vidas humanas y una huella profunda en las arcas públicas.
En Chile, la infraestructura pública (establecimientos de salud, educación, y otros organismos públicos esenciales, excluyendo vialidad, ferrocarriles y recursos hídricos) supera los US$6.500 millones en valor (Itrend, 2022, estudio para AACH) y prácticamente no está asegurada. En tanto, solo un tercio de las viviendas cuenta con cobertura en caso de incendio, lo que implica que la mayoría de los hogares enfrenta estos riesgos sin protección financiera formal.
Pese a la alta exposición del país a desastres naturales, el Estado continúa actuando de forma reactiva, sin instrumentos suficientes de transferencia de riesgo que permitan anticipar y estabilizar el impacto presupuestario. Gran parte del financiamiento de reconstrucción depende de reasignaciones fiscales.
El problema detrás de las cifras no es la inexistencia de instrumentos financieros, sino su baja penetración y la limitada protección, en especial en sectores vulnerables y zonas de mayor exposición. Si bien Chile ha avanzado —desde 2023 el Estado mantiene un acuerdo con el Banco Mundial bajo la modalidad de seguro paramétrico, con coberturas por hasta US$ 630 millones en caso de terremoto—, sigue pendiente una estrategia integral para abordar otros riesgos crecientes.
Por ello, es necesario dar un paso más hacia la prevención. Soluciones existen: desde el trabajo comunitario preventivo hasta instrumentos financieros que el Estado o las personas pueden contratar.
Entre ellos están los seguros paramétricos, que pagan automáticamente y en pocos días cuando se cumple un parámetro objetivo —como cierta intensidad de lluvia o magnitud sísmica— sin procesos extensos de acreditación de daño, o los bonos catastróficos.
También están los seguros de incendio asociados a viviendas, comercios o industrias, una primera línea de protección, aún subvalorada, que facilitan la reconstrucción y reducen la necesidad de subsidios extraordinarios. Aquí el Estado está al debe. El gasto fiscal sigue expuesto a pasivos contingentes por incendios o inundaciones, y no cuenta con instrumentos de cobertura que debiera comenzar a explorar. Siempre es más barato prevenir.
La solidaridad no puede ser el principal mecanismo de financiamiento frente a riesgos previsibles. Cada vivienda, escuela y hospital asegurados, significa menor presión fiscal, reposición directa de infraestructura y mayor resiliencia para el país.
Chile necesita pasar del gasto reactivo a la planificación. En un escenario de emergencias cada vez más frecuentes, prevenir también es proteger las finanzas públicas y de todos los chilenos.
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El litio y la arquitectura del consenso público-privado: Un modelo para el desarrollo. Por Manuel Reyes. https://t.co/u4KrQpnfXJ
— Ex-Ante (@exantecl) March 5, 2026
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