Los primeros días del nuevo gobierno han sido intensos. No solo por el ritmo propio de la instalación de una administración, sino también por un contexto externo particularmente adverso. La crisis internacional del petróleo ha golpeado con fuerza, encareciendo combustibles y tensionando el costo de la vida de los chilenos. Todo esto ocurre, además, en un escenario fiscal estrecho, por decirlo en términos políticamente correctos, donde el margen de acción del Estado es limitado.
En este contexto, el Ejecutivo no ha eludido decisiones duras, como la modificación al MEPCO para ajustar los parámetros de cálculo de los precios de los combustibles, entre otras. Una muy relevante, en especial para las actividades asociadas a recursos naturales, es el retiro de la toma de razón de la Contraloría General de la República de 43 decretos supremos del Ministerio del Medio Ambiente.
Este punto merece atención. El Ministerio de Medioambiente señaló que 21 decretos habían iniciado tramitación los primeros días de marzo de este año y 13 de ellos fueron ingresados el 10 de marzo, es decir, un día antes del término del gobierno anterior. Así, aparentemente no se trataba de iniciativas con una urgencia evidente. Y como cualquier decisión que tenga consecuencias en el largo plazo, parece no solo razonable, sino necesario, revisar su contenido y pertinencia.
Algunos de estos decretos podrían ser loables. Es el caso del Plan de Recuperación, Conservación y Gestión (RECOGE) para las ranitas de Darwin, especies endémicas y altamente amenazadas por la pérdida de hábitat, el cambio climático y enfermedades. Ellas indican la salud del bosque nativo. Sin embargo, en muchos casos, se observa un exceso regulatorio que solo termina convirtiéndose en un freno para la actividad económica, sin que ello implique necesariamente una mejora sustantiva en la protección del medioambiente.
El empresariado lo sabe. Está optimista por el espíritu de “destrabar” que transmite el nuevo gobierno, pero se mantiene cauto ante la regulación ya existente. En los últimos años se impulsó una avalancha de normativas ambientales, con argumentos tan insólitos como la defensa de comunidades microbianas o inspiración paisajística.
Ello no solo genera incertidumbre, encarece los proyectos y paraliza la inversión, sino también genera un efecto paralizante en la propia administración pública. Porque muchos de los cuellos de botella actuales no provienen solo de regulación que hay que simplificar, que la hay, sino de la dilación de quienes tienen la obligación de cumplir sus funciones.
Y ahí radica otro problema profundo. Tanta normativa nueva entrega a los funcionarios del Estado excusas perfectas para no aprobar proyectos. Aunque parezca increíble, algunos, por convicción ideológica, simplemente no quieren que las iniciativas se materialicen. Otros, por temor legítimo a que una decisión suya sea cuestionada más adelante y termine afectando su carrera, optan por la inacción.
El resultado es el mismo, que la “permisología” se convierte en un muro invisible. Por eso, además de revisar los decretos pendientes, sería deseable enviar una señal clara a todos los funcionarios públicos respecto a que el estímulo a la inversión es una prioridad nacional y depende, en buena medida, de su trabajo bien hecho. Un espíritu de acompañamiento a las empresas que cumplen la normativa acelera los procesos y reduce la discrecionalidad mal entendida.
La revisión de estos 43 decretos no es un retroceso ambiental, es un acto de buena administración. Chile necesita crecer, generar empleos y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos sin sacrificar su patrimonio natural. Pero para lograrlo hace falta equilibrio, esto es, proteger lo que debe protegerse, pero sin convertir cada decreto en un obstáculo innecesario. Las primeras señales del nuevo gobierno van en la dirección correcta. Ahora corresponde avanzar con celeridad, transparencia y rigor técnico.
Abordar esta situación requiere liderazgo político, claridad de objetivos y una revisión honesta del funcionamiento del Estado. La decisión de revisar decretos ingresados a última hora parece ir en esa dirección. Pero será solo un primer paso. El desafío de fondo es construir un entorno regulatorio que proteja adecuadamente el interés público sin ahogar la iniciativa privada, y un aparato estatal que actúe con eficiencia, responsabilidad y sentido de urgencia.
Solo así será posible transformar el actual clima de cautela en uno de confianza y dinamismo, indispensable para retomar la senda del crecimiento.
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