El Informe Estadístico 2025 de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) podría leerse como una crónica de vigilancia en un mundo que aprende a esconderse. La UAF, nacida bajo la Ley N°19.913 con el objeto de prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, y de otros sectores de la actividad económica, para la comisión de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT), cerró el año con un interesante despliegue de cifras.
Primero podemos observar un aumento frenético en la detección: los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) escalaron un 124% entre 2021 y 2025. De los 21.828 reportes recibidos el año pasado, la inteligencia financiera logró filtrar 1.132 con señales de criminalidad, enviándolos al Ministerio Público. Sin embargo, al observar otras cifras del informe, comienza la disociación.
Mientras los ROS suben, los Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) —aquellos sobre los US$10.000— se desplomaron un 182% en el mismo cuatrienio.
¿Cómo es posible que las cifras caigan mientras el Banco Central confirma que la preferencia por el efectivo sigue tan vigente como en 2021?
Esta discrepancia abre interrogantes que el informe no logra cerrar. ¿Será que quienes buscan el anonimato conocen la ley tan bien que ahora fragmentan sus movimientos entre distintas instituciones para no superar el umbral de los 10.000 dólares y/o no mostrar una recurrencia que levante las alarmas de operaciones sospechosas? ¿Es que el crimen organizado ha encontrado nuevas sombras en las que ocultarse?
Ahora bien, si prestamos atención a las empresas financieras virtuales con matrices en jurisdicciones como Panamá que mantienen publicidad en Chile, las interrogantes se profundizan. Algunas ofrecen cuentas a la vista para empresas y personas en dólares con rendimientos del 6% anual, superando el 4% o 5% de las tasas de depósitos a plazo en dólares.
Las filiales que operan en Chile lo hacen a través de giros que les permiten estar fuera del radar de la CMF, pero logran realizar transferencias, pagos, compras, cobro y recepción de divisas en distintas monedas realizando las custodias fuera del país. De hecho, ni siquiera tienen dirección conocida en Chile.
La pregunta que queda en el aire es si realmente estamos logrando distinguir un porcentaje relevante de las operaciones sospechosas. ¿Será que podemos cuestionar la invisibilidad de compras por debajo de los 10.000 dólares realizadas en tiendas de lujo a través de efectivo o con cuentas virtuales que permiten transacciones transfronterizas? ¿Será que existen mecanismos demasiado innovadores –y a la simple vista de todos- que por brechas regulatorias quedan fuera del ojo del regulador, fiscalizador o de los aparatos de inteligencia financiera gubernamentales?
En conclusión, el informe es muy interesante, pero me dejó más dudas que certezas.
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