Refugio en La Parva: El ícono del despilfarro de fondos del Estado chileno que denunció Quiroz

Un refugio en La Parva, bienes heredados por el estado ocupados por funcionarios públicos y personas de altos ingresos con deudas del CAE. Con esos ejemplos, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz buscó retratar no solo la estrechez fiscal que heredó el gobierno, sino un problema más profundo: un Estado que, a su juicio, perdió criterio, focalización y celo en el uso de los recursos públicos.

Lo nuevo. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, combinó cifras y ejemplos concretos en el seminario “Nuevos vientos de la economía 2026“, organizado por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y la Universidad del Desarrollo (UDD), para instalar un diagnóstico sobre la gestión del Estado que va más allá del déficit y el gasto.

• En su presentación describió el tipo de Estado que, según él, encontró al asumir: herencias vacantes convertidas en bienes públicos hoy abandonados o en uso por funcionarios públicos; refugios en La Parva bajo propiedad estatal; y deudores del CAE con altos ingresos a quienes Tesorería empezó a perseguir con más fuerza.
• “Está lleno de bienes en los ministerios, las reparticiones, incluso algunos refugios en La Parva. Sí, señor. Lo vamos a vender. Vamos a recuperar el principio ético, porque esto ya no es solamente economía, aquí hay un principio ético del manejo de la hacienda pública”, apuntó el ministro.
• Agregó otro ejemplo que llamó la atención de los presentes. Quiroz dijo que Bienes Nacionales está revisando propiedades provenientes de herencias vacantes —bienes sin herederos que terminan en manos del Estado—. “Son cerca de 1200 inmuebles, algunos ocupados por funcionarios públicos y otros abandonados”, señaló y anunció que todos serán vendidos. Espera una recaudación entre US$200 millones y US$300 millones.
• El mensaje central fue que la estrechez fiscal no se explica solo por bajo crecimiento, proyecciones erradas o gasto comprometido, sino también por lo que definió como “malos hábitos” en la administración de la hacienda pública.
• El problema, sostuvo, no es únicamente cuánto gasta el Estado, sino cómo asigna beneficios, cómo administra sus activos y cuánto celo pone en el uso de recursos que pertenecen a todos los chilenos.

Por qué importa. Quiroz buscó tres objetivos con su presentación: justificar las decisiones ya adoptadas —como el ajuste en combustibles tras el shock petrolero—; sostener que el problema fiscal heredado es más profundo que una mala temporada de ingresos; y preparar el terreno para el proyecto de Reconstrucción Nacional, o ley miscelánea, que el Ejecutivo enviará al Congreso, cuyo eje no es una reactivación coyuntural, sino recuperar crecimiento de manera sostenida.

• Quiroz fue explícito: “los números fiscales no se van a arreglar haciendo un ajuste todos los años”. Bajo esa lógica, el recorte y las medidas de contención son una respuesta forzada a una situación heredada que describió como más delicada de lo que esperaba, no el corazón del programa.

CAE y gratuidad. Otro frente fue el de los beneficios sociales mal focalizados. En gratuidad, Quiroz advirtió que el costo efectivo se ha alejado año tras año de las proyecciones originales y que el Ejecutivo está cruzando datos para detectar hogares de altos ingresos que acceden al beneficio.

• Mencionó que podrían encontrarse familias cuyos padres ganan $2,5 o $3 millones al mes y aun así reciben gratuidad. “Una cosa es el gasto social y otra cosa es el fraude social”, dijo.

Definió el crédito como una política social extraordinaria, pero sostuvo que no pagar no puede convertirse en otra política social.

• Aseguró que no se trata de perseguir a quienes estudiaron carreras con bajo retorno o pertenecen a sectores vulnerables, sino a quienes sí tienen capacidad de pago.
• Como ejemplo, aseguró que el solo hecho de instalar públicamente esta discusión hizo subir la recaudación diaria del CAE desde $30 millones a $200 millones, incluso antes de adoptar medidas adicionales.
• También afirmó que Tesorería endurecerá la cobranza sobre deudas a quienes tienen ingresos superiores a los $5 millones. “Para ellos no habrá negociación, deberán ir a conseguirse un crédito para pagar”, advirtió.

El ajuste y lo que viene. Quiroz mostró cómo Chile fue abandonando las metas superavitarias y normalizó los déficits. Su lectura fue que el gobierno de Boric no solo se fijó “las metas más relajadas” de los últimos 16 años, sino que además “las incumplió todas”.

Otra lámina mostró la caída de la caja disponible y el uso casi total de la autorización de deuda en 2025. Con la caja prácticamente agotada, mantener el mecanismo de amortiguación del MEPCO implicaba un costo insostenible: hasta US$190 millones semanales, con un déficit que podía escalar a entre US$2.500 millones y US$4.000 millones.

• Defendió haber activado la cláusula de ajuste contemplada en la propia ley y lo explicó en términos simples: “O te vas muy lento y pierdes mucho dinero o haces un gran ajuste”.

También exhibió datos sobre deuda flotante, que alcanzó máximos históricos y aumentó 40% entre 2021 y 2025, con alzas relevantes en salud, educación y obras públicas. Con eso reforzó la idea de que la estrechez heredada no se limita a la caja disponible, sino que incluye compromisos empujados hacia adelante.

Nuevos beneficios para la construcción. Quiroz adelantó que esta semana se firmará un decreto que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y estimó que ese cambio podría reducir entre 10% y 15% el precio de departamentos nuevos.

• Anunció además la eliminación del IVA a la venta de casas y departamentos por 12 meses, aplicable desde el momento en que se envíe el proyecto de ley, para evitar distorsiones con promesas o escrituras firmadas en el intertanto.
• La lógica, dijo, es que el decreto que abarata los nuevos proyectos y la exención temporal del IVA “conversan” entre sí: uno busca bajar el costo de lo que se construya hacia adelante y el otro facilitar la salida del stock levantado bajo un esquema regulatorio más oneroso.
• A eso sumó el regreso del DFL2 para viviendas de hasta 90 m² y una medida de repatriación de capitales, en lo que presentó como un paquete integrado para reactivar el mercado inmobiliario.

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