La Unidad de Fomento (UF) rompió una barrera histórica, superando los 40 mil pesos por primera vez desde su creación. Se habla del impacto en la educación, la salud y en las finanzas de todos los chilenos. Pero, ¿es realmente un problema para todos o estamos exagerando? Es momento de aterrizar el debate con datos concretos y preguntarnos quiénes son los que realmente sienten el golpe.
Comencemos por el crédito hipotecario, el dolor de cabeza más mencionado. Contrario a la percepción popular, el número de personas con un crédito de este tipo en Chile es reducido. Según el último Informe de Endeudamiento de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), a junio de 2025, existían 6.1 millones de deudores bancarios, de los cuales la gran mayoría tiene deuda de consumo y no hipotecaria.
En términos de porcentaje, los deudores hipotecarios representan apenas el 20.4% del total de deudores del sistema financiero. Es decir, 4 de cada 5 deudores bancarios en Chile no tienen un crédito hipotecario. Si lo miramos a nivel de hogares, la cifra es similar: aproximadamente el 20% de los hogares chilenos tiene una deuda hipotecaria. ¿Es un problema? Sí, para ese 20%. ¿Es la tragedia nacional que algunos pintan? Definitivamente no.
Por otro lado, la deuda de consumo, la gran mayoría se otorga en pesos y con tasa fija. Si bien algunos bancos ofrecen créditos en UF, la práctica es marginal y está dirigida a segmentos de ingresos altos. El grueso de los chilenos que usa tarjetas de crédito o pide un préstamo para un auto lo hace en moneda nacional, blindándose de la volatilidad de la UF.
Por el lado de la educación, la preocupación por las colegiaturas en UF también parece exagerada. La mayoría de los estudiantes en Chile asiste a establecimientos públicos o subvencionados. La matrícula en colegios particulares pagados —los que típicamente cobran en UF— representa menos del 10% del total nacional.
A 2025, la matrícula escolar total era de 3.541.790 estudiantes, de los cuales solo 295.000 correspondían a colegios particulares pagados. El 92% restante asiste a colegios públicos o subvencionados, donde los cobros, si es que existen, son en pesos y están regulados. En la misma línea, en el sistema de educación superior en Chile se cuenta con 1.455.639 estudiantes matriculados en 2025. Los aranceles se fijan en pesos y la mayoría de los estudiantes accede a créditos (CAE, Fondo Solidario) que también están denominados en pesos y no se reajustan por UF. Si bien algunas universidades privadas han comenzado a indexar sus aranceles, la práctica no es mayoritaria y está lejos de ser la norma.
En el ámbito de la salud, las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) son el único actor relevante que utiliza la UF como referencia para sus planes. Pero, nuevamente, su alcance es acotado. A diciembre de 2025, el sistema de Isapres cubría a 2.517.305 beneficiarios, lo que representa aproximadamente el 12,5% de la población nacional (poco más de 20 millones de personas). La inmensa mayoría de los chilenos (más de 17 millones de personas) está en Fonasa, donde los costos no están indexados a la UF y las prestaciones se financian con la cotización obligatoria del 7% del ingreso imponible.
¿A quiénes sí les pega de verdad?
La respuesta es clara: la UF es un problema real y concreto para un segmento de altos ingresos y para quienes tienen contratos de arriendo indexados. Hablamos de profesionales de clase media-alta y alta que accedieron al sueño de la casa propia, de padres que optaron por colegios privados de élite y de quienes prefirieron (o pudieron) contratar un plan de Isapre. Para este grupo, que no supera el 15-20% de la población, el alza de la UF es un golpe significativo a su presupuesto mensual. Dicho esto, no podemos ignorar el contexto.
El IPC de marzo registró un fuerte aumento del 1% mensual, impulsado por el shock externo en los combustibles. Las proyecciones apuntan a que abril podría registrar una inflación incluso mayor, en torno al 1.6%. Si esto se materializa, la UF podría acercarse a los 41.000 pesos antes del invierno. Y ahí sí que el impacto podría amplificarse. ¿Es momento de debatir la eliminación de la UF?
La UF no es un capricho. Es un mecanismo que ha permitido el desarrollo del mercado de capitales de largo plazo en Chile, facilitando el financiamiento de la vivienda y la inversión. Eliminarla de un plumazo sería desastroso para el ahorro previsional y la estabilidad financiera. Sin embargo, este hito de los $40.000 sí debería abrir un debate serio sobre su uso excesivo.
Economía platino = economía olvidada
Hasta ahora, el análisis revela que la UF golpea directamente a una minoría de altos ingresos. Son grupos que, en conjunto, difícilmente superan el 20% de la población. Sin embargo, hay un grupo masivo y vulnerable que no solo no sufre con la UF, sino que depende de ella para sobrevivir: los pensionados. Contrario a lo que se podría pensar, la columna vertebral del sistema de pensiones chileno respira al ritmo de la UF. Si bien la Pensión Garantizada Universal (PGU) se expresa en pesos, su reajuste —cuando se aplica— se calcula en función de la variación del IPC, el mismo índice que determina el valor de la UF.
En la práctica, ambas avanzan de la mano, aunque la PGU carece de la automaticidad y el blindaje legal que sí tiene la UF para otros instrumentos. Además, la reforma previsional de 2025 consolidó beneficios cruciales denominados explícitamente en UF, como el “Beneficio por Años Cotizados”, que entrega un aporte directo de 0,1 UF por cada año cotizado.
Aquí la magnitud del impacto cambia radicalmente. Hablamos de un universo de aproximadamente 2,8 millones de jubilados y jubiladas en Chile. Es la llamada “economía platino”, un segmento que ha visto cómo su poder adquisitivo se erosiona mes a mes pese a los reajustes. ¿Qué pasaría si, en un acto de populismo monetario, elimináramos la UF?
El efecto sería una tragedia social silenciosa. Los ahorros previsionales en las AFP o las pensiones de renta vitalicia que hoy están fijadas en UF, perderían su blindaje contra la inflación. Las pensiones actuales y futuras se licuarían, condenando a la tercera edad a una pobreza aún mayor, a menos que se implementara un nuevo indicador de reajuste igual de robusto.
En conclusión, la UF ha alcanzado un máximo histórico que sin duda es noticia. Pero antes de declarar una emergencia nacional, pongamos las cosas en perspectiva: el impacto es real, pero está lejos de ser universal. La UF es un problema de caja para una élite, pero es un salvavidas financiero para millones de adultos mayores.
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