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Abril 27, 2026

Volver a crecer, volver a creer. Por Juan Ignacio Gómez

Abogado del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo (LyD)
Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Este proyecto no solo es una vía para volver a crecer, sino también para volver a creer: en que la cooperación, y por extensión, la confianza, generan valor, y que este es el único camino al desarrollo.


El proyecto de ley para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social será el principal debate de las próximas semanas. El solo hecho de su ingreso a trámite generó un categórico rechazo desde la oposición, siendo acusado de beneficiar a los “superricos” o de rebajar los estándares ambientales, con una rapidez que sugiere que su fundamento no está en el texto mismo.

Este rechazo visceral no se fundamenta en el contenido del proyecto, sino en lo que este representa políticamente: un cambio de paradigma radical en la forma en que entendemos la economía y, por otra parte, en la forma en que como sociedad entendemos la búsqueda del progreso y el bienestar.

No es casual que los detractores aíslen cada disposición del proyecto en lugar de leerlas como un conjunto articulado. El proyecto es presentado en clave de ganadores y perdedores: los ricos que se benefician a costa de los pobres; la rebaja del estándar ambiental como vía para la acumulación de capital en desmedro del patrimonio natural; la invariabilidad tributaria como una entrega de la riqueza de largo plazo del país a los más ricos o a inversionistas extranjeros. Detrás de esta construcción hay algo más profundo, que constituye una de las mayores barreras al crecimiento de nuestra sociedad: la mentalidad de suma cero.

Según la teoría de juegos, el desenlace de las interacciones sociales complejas —la economía, la confianza en las instituciones, la cooperación interpersonal— depende de si estas son de suma cero o de suma distinta de cero: es decir, de si las ganancias de una parte suponen necesariamente pérdidas para otra, o si los resultados conjuntos pueden ser positivos para todos. Lo central es que las interacciones de suma cero implican que alguien gana y que alguien pierde, tal como plantean los detractores del proyecto; las de suma distinta de cero, en cambio, abren espacio para la cooperación y para ganancias compartidas.

La mentalidad de suma cero nos lleva a ver al otro como alguien que solo puede ganar a nuestra costa. Esa desconfianza sustituye el interés propio canalizado por la cooperación —el que, según Adam Smith, produce la riqueza de las naciones— por un egoísmo defensivo y no cooperativo, económicamente estéril.

De acuerdo con la literatura reciente —en particular la revisión de Davidai y Tepper publicada en Nature Reviews Psychology—, hay tres factores que explican la emergencia de mentalidades de suma cero: la sensación de amenaza, la escasez de recursos (real o percibida) y la falta de deliberación. Los tres operan como sesgos cognitivos que nos impiden disponernos a la cooperación y que, en su lugar, nos llevan a actitudes recelosas, desconfiadas y, en términos estrictamente económicos, profundamente ineficientes.

Los acuerdos

La negociación política, cuando se da en clave transaccional, es un reflejo claro de esta lógica: no creemos en la propuesta, pero pedimos algo distinto a cambio de apoyarla, como quien se cobra por anticipado una pérdida. Una mentalidad de suma positiva, en cambio, llevaría a evaluar críticamente las propuestas y a sumarse a ellas refinándolas o aportando enfoques que permitan alcanzar un resultado Pareto-óptimo.

Por eso los detractores del proyecto lo presentan como una suma de medidas individuales orientadas a beneficiar a unos y perjudicar a otros. Tomemos dos de las más cuestionadas. La reducción del plazo de invalidación administrativa de autorizaciones sectoriales, de dos años a seis meses, ha sido presentada como un debilitamiento de la protección ambiental. Pero leída en clave de suma positiva, la medida no elimina el control ni baja los estándares: acota la ventana de incertidumbre que hoy paraliza proyectos de energía, minería, obras públicas y construcción durante dos años completos.

Esa incertidumbre no protege a nadie: simplemente congela inversión, empleo y recaudación, sin beneficio ambiental correlativo.

Lo mismo ocurre con la invariabilidad tributaria, presentada como un privilegio entregado a grandes capitales; sin embargo, Chile compite por inversión con países de menor carga tributaria corporativa, y la volatilidad regulatoria de la última década ha desplazado proyectos hacia países más estables.

La invariabilidad no es un regalo sino el precio de atraer capital de largo plazo que, una vez radicado, genera empleo formal, encadenamientos productivos y recaudación sostenida. Asumir que cada peso que deja de tributar una empresa es un peso menos para los trabajadores o para el fisco es, precisamente, una lectura de suma cero aplicada al ámbito tributario: intuitiva, pero empíricamente errada respecto de cómo funcionan las cadenas económicas de largo plazo.

Visto así, el proyecto pone el acento en las personas y en su capacidad de generar riqueza y bienestar, y concibe a la empresa como lo que es en su sentido más puro: la aventura de crear valor allí donde ni el entorno ni los resultados están garantizados. Eso es lo que molesta a los detractores: el cambio de paradigma político, económico y social que propone la iniciativa. Y eso es lo que, personalmente, me lleva a ver en este proyecto no solo una vía para volver a crecer, sino también para volver a creer: en que la cooperación, y por extensión, la confianza, generan valor, y que este es el único camino al desarrollo.

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