-A mi juicio, la regulación hay que actualizarla porque no está pensada para los desafíos que estamos enfrentando hoy en el desarrollo de proyectos.
Existen señales contradictorias que, desde la regulación, atrasan proyectos de forma extrema. Tenemos proyectos mandatados por el Estado, aprobados por todos los servicios y con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en mano, que no pueden avanzar por inexistencia de antecedentes prediales por ejemplo, lo que, en un caso bien particular, no existen porque se incendió hace muchos años el Conservador de Bienes Raíces, respectivo.
O bien, obras paralizadas ante hallazgos arqueológicos y no por falta de cuidado del titular, sino por la demora de permisos para realizar los debidos rescates. Son contradicciones que a veces rayan en situaciones extremas.
-Creo que necesitamos volver al sentido común, a la flexibilidad. Cuando uno pasa con una línea de transmisión eléctrica y el propietario dice: “te dejo pasar por acá, pero mueve la línea 500 metros”, yo no lo puedo hacer porque pierdo la RCA, pierdo la concesión eléctrica y se caen las consultas ciudadanas e indígenas que se hayan hecho en el proceso de la tramitación ambiental.
Entonces, como país, sobre todo en proyectos de infraestructura que son necesarios para la nación, y cuya necesidad fue identificada por las mismas autoridades, necesitamos una regulación que permita ser flexible y adaptarte a las necesidades del proyecto, de las personas y de Chile.
-Creo que sí hay sobrerregulación, pero depende del proyecto. Cuando uno tiene un proyecto lineal que pasa por muchas regiones y comunas, te topas con mucha regulación y con exceso de autoridades que tienen que opinar y, en ese caso, sí hay sobrerregulación.
En cambio, cuando uno tiene una fábrica acotada en una comuna, quizás la regulación es la suficiente o la que se necesita. Pero, para estos proyectos lineales largos, está muy complejo.
-Apunta en la dirección correcta en el sentido de poner plazos, de acotar la intervención de las autoridades y que va en la línea de agilizar el desarrollo de los proyectos de inversión.
-Ahí hay opiniones divididas. Creo que no resuelve el problema de fondo. El problema es por qué esa inversión que va a generar empleo y crecimiento al país se pierde. Pero, sí me parece una señal correcta, en el sentido de que la autoridad se responsabiliza del permiso que está otorgando.
Ese permiso no es solo una responsabilidad para la empresa, también lo es para el Estado, que debe preocuparse de que sea de buena calidad, esté bien sustentado y correctamente otorgado. Entonces, es una señal positiva que el Estado se responsabilice de lo que entrega. Y también se envía una señal a los funcionarios de que hay una alineación con las normativas para que los permisos no se caigan.
-Cuando uno se equivoca tiene que haber sanciones, y corresponde que existan. Lo que uno le dice a la autoridad es: dejemos que la institucionalidad funcione, que las investigaciones avancen y que se sancione lo que haya que sancionar. Pero, en paralelo, lo que yo espero es que la autoridad reúna a la industria y vea qué cosas hay que corregir para no volver a repetir el apagón que tuvimos en 2025.
Eso es lo que uno espera, y hasta la fecha eso no ha ocurrido.
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