Presupuesto: Cuáles son los polémicos ajustes de Quiroz y las razones para asegurar que no afectan beneficios sociales

El Gobierno inició un ajuste fiscal para reducir el gasto público y ordenar las cuentas del Estado. Se trata de decretos que rebajan recursos en ministerios y oficios de la Dipres con propuestas para el Presupuesto 2027. La oposición afirma que las medidas son parte de un desmantelamiento del sistema público. Hacienda sostiene que no se eliminan beneficios sociales, sino que se mantienen sin desperdiciar recursos del Estado.

Lo nuevo. El gobierno se desplegó este miércoles para contrarrestar las críticas por recortes en programas sociales. “Quiero decir con todas sus letras (…): aquí no se va a tocar ningún beneficio social”, dijo el ministro de Hacienda Jorge Quiroz.

• Para la oposición y sectores de derecha se trata de recortes a programas sociales. Para el gobierno consisten en ser eficientes en el gasto público y no despilfarrar recursos, pero sin tocar beneficios.
• En los últimos días se conocieron dos tipos de instrucciones:
  • Los decretos que reducen gasto vigente en 2026 y que es parte de la promesa de campaña de reducir US$ 3.000 millones en 2026; y
  • Los oficios que ha enviado la Dirección de Presupuestos para la formulación del Presupuesto 2027, donde se recomendó revisar, rebajar o “descontinuar” programas.
• Un decreto afecta el presupuesto en curso. Un oficio para 2027 es una instrucción preliminar para que los ministerios evalúen programas antes de la discusión presupuestaria.
• Pero en la opinión pública ambos episodios se mezclaron bajo una misma idea: el temor a que el ajuste fiscal termine afectando beneficios sociales.

Por qué se hacen los recortes. El argumento del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, es que el Estado debe gastar menos y mejor. El Gobierno sostiene que recibió una situación fiscal estrecha, con ingresos menores a los proyectados y gasto presionado. El ajuste busca contener el déficit, evitar que siga creciendo la deuda pública y liberar recursos para áreas prioritarias y poder llevar adelante el proyecto de Reconstrucción Nacional.

• Si el Estado gasta más de lo que recauda, debe endeudarse. Y si la deuda sigue subiendo, aumentan los costos financieros. Durante 2025 se pagaron US$ 4.886 millones, un 1,4% del PIB, en intereses por la deuda pública.
• Pero eso no implica, según el ministro, hacerlo a costa de disminuir beneficios sociales.

Desarrollo Social. El primer flanco se abrió con el ajuste al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. La cartera informó que aplicará una rebaja de 2,24% a su presupuesto 2026, por debajo del 3% exigido por Hacienda. Según el ministerio, la medida se enfoca en programas con baja ejecución histórica, sobreasignación de recursos o debilidades de diseño, y “no considera reducciones en beneficios ni coberturas”.

• El caso más sensible fue el Programa de Apoyo al Recién Nacido, conocido como ajuar. El presupuesto baja 10,5%, pero Desarrollo Social sostiene que se debe a un stock de reserva sobredimensionado y que se mantendrá íntegramente la entrega a las familias. “No se reduce cobertura”, dijo también Quiroz.
  • Desde el gobierno dicen que están sincerando las cifras en función de la demanda porque tienen un gasto mensual de 7.800 ajuares, pero el stock mensual de emergencia es de 10.000 por lo que queda un saldo en bodega que se va acumulando.
• También se ajusta en 23,6% la línea de diagnóstico clínico en niñez, debido a una caída cercana al 42% en las derivaciones judiciales y menor utilización del programa.
• En el INJUV y otros programas dirigidos a los jóvenes, la rebaja llega a 47,7%, con el argumento de avanzar hacia una nueva institucionalidad juvenil, evitar duplicidades y priorizar recursos hacia los beneficiarios antes que al gasto administrativo.
• “Es de público conocimiento que el Injuv venía arrastrando problemas desde hace años, que hoy día se manifiestan, por ejemplo, en que el 75% de su presupuesto se destina a personal, 15% a gastos administrativos y solo un 10% a programas”, señalan de Desarrollo Social.
• La disminución presupuestaria afecta drásticamente los gastos en personal, proyectando una reducción de la dotación efectiva en un 75%.
• La explicación oficial la entregó el subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández: “No vamos a tocar los beneficios sociales. Estamos ordenando el gasto”.

El oficio de la Dipres. El segundo frente para el Gobierno ha sido la filtración del oficio de Dipres para el Presupuesto 2027. El documento contempla un ajuste que podría alcanzar $5,4 billones hacia 2027 e incidir en 142 programas estatales.

• El contenido del oficio generó un problema político dado que la Dipres utilizó la palabra “descontinuar” asociada a programas como alimentación escolar, plan nacional de lectura, salud mental, prevención del suicidio, derechos humanos y becas.
• Uno de los puntos que más controvertidos fue la mención al Programa de Alimentación Escolar de Junaeb.
• Quiroz defendió que el oficio no buscaba cerrar la institución ni terminar la entrega de alimentos, sino revisar la forma en que opera el programa. “Nosotros pensamos que la ayuda de las raciones alimenticias es algo fundamental de nuestra política”, señaló.
• Quiroz explicó que el objetivo no es eliminar la alimentación escolar.
• Pero apuntó a fallas de gestión: “Se está haciendo de modo ineficiente, se está comprando raciones que después nadie verifica cuánto se compró, cómo se pagó, nadie le cobra multas al proveedor cuando falla”.
• Para el Ministerio de Educación no está en duda la continuidad de los programas. “La alimentación, la lectura y, en general, la continuidad del servicio educativo, siempre estará con el foco puesto en el buen uso de los recursos públicos y que lleguen a nuestros niños”.

PGU y otros beneficios. Hacienda también recomendó recortar en 2027 al menos 15% en beneficios como la PGU, gratuidad, Bono Invierno y Asignación Familiar.

• La precisión es importante: no se trata de un decreto vigente, sino de una recomendación en el marco del Presupuesto 2027. La mención a la PGU generó un fuerte debate dado que beneficia a 2,2 millones de adultos mayores que reciben entre 230 y 250 mil pesos.
• Quiroz aclaró que “las personas que tienen el beneficio de la PGU obtenido como corresponde a la ley, no se les va a afectar en absoluto”.

La misión de Quiroz. Desde el gobierno han recalcado que las medidas del Plan de Ajuste Fiscal como los oficios que envió el Ministerio de Hacienda a las distintas carteras, se enmarcan en un proceso de asegurar la sostenibilidad fiscal y mejorar la calidad del gasto público para resguardar la continuidad de políticas sociales clave como pensiones, salud y educación.

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