Comisión para la Productividad: Chile tiene más de 400 mil normas, pero no evalúa si funcionan

La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) alertó que el Estado no cuenta con un sistema institucionalizado para revisar si las leyes y regulaciones cumplen sus objetivos una vez implementadas. Tampoco existe un catastro que permita identificar con claridad cuántas normas están vigentes. El diagnóstico apunta a un ciclo regulatorio incompleto, con impacto en productividad, certeza jurídica y eficiencia del gasto público.

Qué observar. La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), que preside el exvicepresidente del Banco Central Pablo García, asegura en su “Guía para la Evaluación Ex Post de Regulaciones”, que entregará al Gobierno este 8 de mayo, que el país no cuenta con herramientas institucionalizadas para revisar si las normas o leyes cumplen sus objetivos, si siguen siendo necesarias o si deben modificarse o eliminarse.

• El trabajo, correspondiente a la primera etapa de un informe sobre evaluación ex post de regulaciones, advierte que el país carece de herramientas institucionalizadas para revisar el desempeño de las leyes, decretos y normas después de implementadas.
• Tampoco dispone de un catastro que permita identificar con precisión cuántas y cuáles regulaciones se encuentran efectivamente vigentes.
• La advertencia se da en un contexto de alta densidad normativa. Según la CNEP, el ordenamiento jurídico chileno supera las 400 mil normas accesibles en la Biblioteca del Congreso Nacional, mientras cada año se incorporan miles de nuevas disposiciones.
• El problema, señala el organismo, es que esa acumulación no va acompañada de una revisión periódica que permita determinar si las normas cumplen sus objetivos, si se superponen con otras, si han perdido vigencia o si generan costos mayores que los beneficios esperados.

Por qué importa. Para la CNEP, el problema no es solo la cantidad de normas existentes, sino la incapacidad del Estado para aprender de su propia experiencia regulatoria.

• Bajo el esquema actual, las leyes y regulaciones suelen operar de manera aislada. Eso facilita la coexistencia de normas que se superponen, se contradicen o permanecen vigentes pese a haber perdido sentido práctico. La consecuencia, según el organismo, es una pérdida de certeza jurídica y una menor capacidad para usar eficientemente los recursos públicos.
• El presidente de la CNEP, Pablo García, lo planteó en esos términos: “Esta acumulación erosiona la certeza jurídica, compromete la calidad de las políticas públicas y obstaculiza el uso eficiente de los recursos estatales. El hecho de desconocer el desempeño real de las leyes tiene consecuencias directas que dañan la productividad y limitan el desarrollo económico y social del país”.

Un ciclo regulatorio incompleto. El informe plantea que el sistema regulatorio chileno opera con una desconexión entre el diseño de las normas y su revisión posterior. En otras palabras, se evalúa poco antes de regular y casi nada después de que la regulación ya está funcionando.

• La CNEP pone especial atención en los Informes de Impacto Regulatorio (IIR), que son el principal instrumento de evaluación ex ante en Chile. Estos informes debieran servir para estimar los efectos esperados de una norma antes de su implementación y, posteriormente, permitir contrastar esos objetivos con los resultados reales.
• Pero el cumplimiento es bajo. Según el diagnóstico, en promedio solo cerca del 21% de los proyectos de ley que requieren un IIR cuentan con ese análisis.
• En el caso de los decretos, la cifra baja a cerca del 5%. Además, los mecanismos para vincular lo previsto en esos informes con una evaluación posterior todavía están en una etapa inicial.
• Para la CNEP, esa falta de conexión mantiene incompleto el ciclo de mejora regulatoria. Sin objetivos claros al inicio y sin revisión posterior, el Estado queda sin evidencia suficiente para decidir si una regulación debe mantenerse, modificarse o eliminarse.

Evaluaciones fragmentadas. El informe reconoce que existen algunas experiencias de evaluación, pero advierte que son parciales y no conforman un sistema común. Una de ellas es el trabajo del Departamento de Evaluación de la Ley del Congreso, que revisa la eficacia de leyes seleccionadas. Sin embargo, desde su creación ha evaluado solo 13 leyes, la última en 2020, frente a un universo normativo de más de 400 mil disposiciones.

• También existen estudios regulatorios desarrollados por la propia CNEP en sectores específicos, pero responden a solicitudes puntuales y no a una política permanente de revisión normativa.
• El contraste, según el organismo, está en otras áreas del Estado. Chile sí cuenta con una institucionalidad más desarrollada para evaluar programas públicos e inversiones.
• El sistema de monitoreo y evaluación administrado por la Dirección de Presupuestos y el Ministerio de Desarrollo Social revisa programas públicos y establece compromisos de mejora.
• Algo similar ocurre con el Sistema Nacional de Inversiones, que regula el ciclo de los proyectos de inversión pública e incorpora evaluaciones posteriores.
• En regulación, señala, no existe un estándar equivalente.

Comparación internacional. La CNEP también sitúa el diagnóstico en perspectiva internacional. De acuerdo con evidencia recopilada por la OCDE, más del 90% de los países miembros cuenta con sistemas obligatorios de evaluación ex ante de regulaciones. Sin embargo, solo entre 30% y 40% ha logrado establecer evaluaciones ex post sistemáticas y obligatorias.

• Chile aparece con un rezago doble: por una parte, tiene bajo cumplimiento en la evaluación previa mediante los IIR; por otra, no cuenta con un sistema estructurado de evaluación posterior.
• El informe menciona experiencias como Australia y la Unión Europea, donde existen mecanismos formales de revisión posterior, con plazos, criterios estandarizados y exigencias institucionales. En Chile, en cambio, la evaluación ex post no forma parte del funcionamiento regular del sistema regulatorio.

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