CPC defiende rebaja tributaria ante el Senado, pero pide recortes de gasto fiscal

La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, respaldó ante la Comisión de Hacienda el proyecto de reconstrucción nacional, al señalar que apunta a generar más inversión y empleo. Afirmó que bajar el impuesto corporativo a 23% es “un buen primer paso” y advirtió que la reforma debe reducir el gasto fiscal.

Qué observar. La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, expuso este martes ante la Comisión de Hacienda del Senado, en el marco de la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional, una de las apuestas centrales del Gobierno para reactivar la inversión, elevar el crecimiento y mejorar las condiciones de empleo formal.

• En su intervención respaldó la rebaja del impuesto de Primera Categoría de 27% a 23%, la reintegración del sistema tributario, la invariabilidad para nuevos proyectos y las normas destinadas a facilitar la evaluación de inversiones.
• Pero, al mismo tiempo, reconoció que la iniciativa tiene un costo fiscal en el corto plazo y que por ello requiere ser acompañada por medidas complementarias de reducción del gasto público u otras fuentes de financiamiento.
• “Evidentemente nosotros vemos con preocupación cómo las cuentas fiscales se han deteriorado a lo largo del tiempo”, dijo Jiménez ante los senadores. Añadió que ese deterioro deja al país en una situación “bastante compleja” desde el punto de vista del balance fiscal y más desafiante para retomar una trayectoria de convergencia.

El argumento fiscal. La presidenta de la CPC dijo que el proyecto busca generar condiciones para un mayor crecimiento económico mediante más inversión, lo que debiera traducirse en “más y mejores empleos”.

• Luego agregó que el propio informe financiero y el Consejo Fiscal Autónomo han planteado que la iniciativa “no es un proyecto neutro en el corto plazo” pero que sí podría serlo en el mediano y largo plazo, en la medida en que la mayor actividad genere más recaudación.
• Agregó que para ello se necesitan medidas adicionales: “Requiere de otras medidas complementarias de reducción de gasto fiscal. Ese es el compromiso que nosotros entendemos que ha tomado el Ejecutivo”.
• Jiménez aseguró que “cada punto adicional de crecimiento recaudaría 0,24% del PIB en ingresos tributarios, mientras que la rebaja de cada punto del impuesto corporativo reduciría la recaudación en 0,15% del PIB”.
• Con todo, estimó que el efecto neto entre menor tasa y mayor crecimiento seguiría siendo negativo, en torno a 0,4% del PIB en diez años, por lo que debe compensarse con recortes de gasto u otras fuentes de ingresos, como recuperación del CAE, menor evasión o sanciones por licencias falsas.

Competitividad tributaria. Jiménez defendió la rebaja de la tasa corporativa a 23%,  recordando que, cuando la CPC presentó a las candidaturas presidenciales su informe “Motores para el crecimiento sostenible”, planteó que Chile debía llegar al menos a ese nivel.

• “Estamos muy conscientes de que hemos ido aumentando sustancialmente nuestra tasa desde lo que era en el pasado, cuando crecíamos no a ritmos del 2% como la última década, sino que sobre el 5% si consideramos las tres décadas anteriores”, señaló.
• Recordó que Chile pasó de tener una tasa corporativa de 15% en 2000 a 27% en los últimos años, mientras el promedio de la OCDE se ubicó en torno a 24% en 2025. También consignó que, según el ranking de Tax Foundation, Chile pasó del lugar 5 en 2014 al 36 en 2024 entre 38 economías.

Centenares de papers. La senadora Paulina Vodanovic (PS) le preguntó si la rebaja de impuestos garantiza crecimiento. La inquietud apuntaba a que la única certeza del proyecto sería una menor recaudación, mientras que el impacto en inversión, empleo y actividad dependería de una reacción del mundo empresarial.

• Jiménez respondió desde la teoría económica y desde la operación concreta de las empresas. “Cuando uno rebaja impuestos, lo que hace es que deja más recursos disponibles al interior de la empresa. Y eso, sin lugar a dudas, para mí tiene un impacto en la capacidad de reinversión y de ampliación y extensión de las actividades productivas”, dijo.
• Luego agregó “la incerteza es la magnitud, no la dirección”. Según afirmó, existen “centenares de paper” que respaldan la relación entre menor carga tributaria, inversión y crecimiento.
• También dijo que pensaba “particularmente” en las pequeñas empresas, para las cuales los recursos que quedan dentro de la empresa pueden significar capital para seguir funcionando, ampliarse, comprar maquinarias o adquirir insumos.

El frente regulatorio. La CPC planteó que el proyecto es necesario, pero no suficiente. Jiménez sostuvo que se requieren cambios legales y de gestión en otras áreas para destrabar proyectos de inversión. Entre ellos mencionó la Superintendencia del Medio Ambiente, la institucionalidad ambiental, patrimonio cultural, concesiones marítimas, modernización del Estado, permisos sectoriales, guías del SEA, dictámenes de la Dirección del Trabajo y economías ilícitas.

• En particular, expresó preocupación por algunas indicaciones al proyecto que modifica el sistema de evaluación ambiental, al advertir que podrían debilitar el rol del Consejo de Ministros. A su juicio, esa instancia permite una mirada transversal, donde se consideran no solo aspectos ambientales, sino también económicos y sociales. “Reducir esas atribuciones es obviamente algo que nos preocupa”, dijo.

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