Cumplidos los plazos para las deliberaciones de la Convención sobre las normas permanentes y quedando pendientes aún la armonización, el prólogo y las normas transitorias, los chilenos estamos invitados a considerar si acaso esta propuesta es mejor que lo que tenemos, si permite avanzar en las aspiraciones de cambio y progreso que se han expresado en el país, si acaso este texto permite superar viejas injusticias y discriminaciones, si al menos permite empezar a cruzar la brecha que separa a las instituciones políticas de la ciudadanía y de “los pueblos” o al menos circunscribir la polarización política y si acaso entrega los instrumentos adecuados para garantizar la seguridad de los chilenos y la plena vigencia de la democracia y del estado de derecho.
Es imposible dar respuestas positivas a todas estas preguntas, aunque tampoco es posible decir que todas las respuestas son negativas. Lo que es claro es que para decidir su voto las personas van a ponderar su propia situación y sus expectativas. Es probable que estas respuestas dependan más que de la propuesta constitucional de cómo se esté evaluando al gobierno, el cual está íntimamente comprometido con el texto emanado de la Convención.
Esa evaluación no dependerá del tono de los bellos discursos sino de la despreciable pragmática, de cómo nos esté yendo con la inflación, con el empleo, con la seguridad pública, de cuán afectados estén nuestras opciones de vida y de cuánta esperanza hemos puesto en los cambios que se proponen.
También es posible que muchas personas decidan su voto conforme a una norma -y solo una- que les importe mucho. En este sentido, el proyecto constitucional al querer entrar en tantos detalles que normalmente corresponden a materias de ley abre una serie de márgenes para que muchas personas decidan rechazarlo, aunque también es cierto que en esta época de particularismos, muchos aprobarán el proyecto constitucional por sentir que sus discursos específicos, feministas, ambientales, indigenistas, animalistas, están debidamente considerados.
Sin embargo, la principal dificultad para tomar una decisión positiva está no sólo en el texto sino también en la evaluación del proceso, que como sabemos frustró la expectativa (realista o no) de recuperar la confianza y construir un marco de entendimiento compartido que tanto unos como otros respetemos y defendamos. Es probable que los chilenos salgamos del proceso constituyente más divididos de lo que entramos. Eso no se arregla votando Apruebo ni votando Rechazo.
Lo que es claro es que gane la opción que gane en septiembre podremos decir que esto no se ha acabado. De acuerdo con una reciente encuesta, el electorado está dividido en cuatro opciones: 20% aprueba sin ambigüedades, 30% aprueba para reformar, 30% rechaza para iniciar un nuevo proceso y 20% rechaza para mantener la constitución vigente. En otras palabras, sigue habiendo un 80% que quiere cambiar la constitución vigente, aunque no coinciden en definir el mejor camino.
Hay un conjunto de cuestiones derivadas del proceso constituyente sobre las cuales la sociedad chilena no va a querer retroceder, cualquiera sea el resultado del plebiscito, entre ellas el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, la paridad de género, una regionalización verdadera, asumir la crisis climática, el derecho al agua y ciertamente la declaración del carácter democrático y social del estado así como la explicitación de derechos sociales claves para una vida civilizada y solidaria.
Pero hay también tradiciones constitucionales y democráticas que muchos chilenos no querrán perder, como el bicameralismo y la plena autonomía del poder judicial, así como los límites al poder de decisión sobre gasto público o previsión social por parte del parlamento.
Un 60% piensa en aprobar considerando que se podrán hacer reformas que mejoren los términos de la constitución o bien en rechazar para reiniciar el proceso constituyente bajo otras premisas. En ambos casos debería explicitarse cuáles son las reformas que se desearía impulsar y cuáles son las normas y medidas adoptadas por el presente proceso constitucional que deberían quedar a firme en un nuevo proceso. Si eso no se aclara por parte de los partidos y movimientos del rechazo o del “apruebo para reformar”, será mucha la incertidumbre como para seguir esas huellas.
No es poco lo que hay que poner en la balanza y ciertamente las normas transitorias como la armonización del texto van a deparar algunas sorpresas que harán que muchos vuelvan a meditar su decisión.
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