La semana pasada vimos como un Alcalde en funciones era detenido y llevado a su formalización engrillado. Sin duda, una imagen sorprendente, al igual que la de la ex Tesorera, embarazada y siendo detenida por el presunto desfalco -reconocido por ella misma- de alrededor de 1.000 millones de pesos del municipio de Algarrobo a lo largo de un año y medio. La mayoría de las y los concejales reaccionaron rápidamente, solicitando su destitución al TRICEL e indicando que, durante su mandato, había desmantelado el Departamento de Tesorería lo que había permitido que la persona a cargo, con poca experiencia laboral -y al parecer con un vínculo sentimental-, malversara los fondos públicos.
¿Cómo puede ser posible que esto haya ocurrido durante tantos meses sin que nadie se percatara y no saltaran las alertas en otras entidades internas de control? ¿Nadie en el Concejo percibió que las cifras no cuadraban? La verdad, después de ver cómo se suceden casos en municipios, al parecer, no es algo tan extraño ni tan excepcional. Se ha dicho hasta el cansancio que alcaldes y alcaldesas tienen, en ocasiones, mucho poder para tomar ciertas decisiones con poco contrapeso interno y externo, así como déficit de transparencia. Sino, ¿cómo es posible que se investigue una posible irregularidad en el Municipio de Vitacura de, al menos, diez años?
Intentando mirar el vaso medio lleno, la Cámara de Diputadas y Diputados está pronta a votar en sala un proyecto de ley de integridad municipal que podría venir a cambiar, en parte, lo anterior. Este proyecto propone, entre otras cosas que todos los municipios deban adoptar un plan de integridad municipal, que durará cuatro años y se evaluará periódicamente y que contemple, al menos un manual de prevención de delitos; una matriz de riesgos para estos delitos; una política de integridad pública y anticorrupción; un código de ética; un canal de consultas y denuncias con reserva de identidad; y, un mecanismo de rendición de cuentas accesible a la ciudadanía que informe sobre el presupuesto municipal y uso de recursos públicos.
La ejecución y rendición de cuentas de este plan debe estar a cargo de un funcionario/a responsable. Por otra parte, se fortalece la Unidad de Control, estableciendo la obligatoriedad de selección de su jefatura por concurso y blindando a ésta de posibles sanciones y remoción por incomodar a la autoridad edilicia, ante Contraloría General de la República.
Otro tema de relevancia y que hemos visto que es un área de opacidad, son las corporaciones municipales donde se propone la imposibilidad de que se nombren directores o personas que ejerzan funciones de administración, al cónyuge o conviviente civil del alcalde, de los concejales, o de los funcionarios directivos o jefaturas de la municipalidad, así como sus parientes ni tampoco podrán ser contratados en las corporaciones y fundaciones de participación municipal, las personas que desempeñen funciones en la respectiva municipalidad, en calidad de planta o contrata u honorarios. Algo que suena obvio, pero que hasta hoy no está regulado.
También se establecen obligaciones de rendición de cuentas trimestral y detallada al alcalde, al concejo municipal, a la unidad de control interno y al consejo de la sociedad civil respectivo sobre el uso, situación y movimiento de todos y cada uno de los aportes y subvenciones que recibe, de su gestión, del estado de su situación financiera, de las donaciones recibidas, entre otra información.
No se trata de un proyecto perfecto y admite varios perfeccionamientos y, a raíz de lo visto en los últimos meses, probablemente llega un poco tarde ¡quizás cuántos casos de los que hoy conocemos podrían haberse evitado o detectado tempranamente! Por esto, no cabe sino impulsar su pronto despacho por el Congreso para que, algo que ingeniosamente circuló en redes sociales -“Algo- rrobo”- no vuelva a repetirse en los próximos meses.
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