El gobierno quiere votar la idea de legislar la reforma previsional cuanto antes en la Comisión de Trabajo del Senado. Sabemos también que urge mejorar la previsión para los adultos mayores, pero, más allá de eso, ¿cuál es el sustento técnico tras este apuro? ¿Hay cifras que expliquen por qué apresurar una decisión en la reforma previsional?
Preocupa que el Consejo Consultivo Previsional además de detectar un porcentaje de informalidad en previsiones que alcanza el 30% de los trabajadores -un total de 2,7 millones de personas- haya declarado que tanto las cifras de la Superintendencia de Pensiones como las de las encuestas del INE “tienen limitaciones importantes para caracterizar la informalidad previsional”.
Además, respecto de la medición de las tasas de reemplazo, aún no tenemos claridad, dado que existen estudios con metodologías y datos distintos que arrojan resultados diferentes. Por un lado, está un estudio del Ejecutivo de comienzos de año, por otro un completo análisis del economista David Bravo, realizado con la información que logró obtener y, así, otros más. ¿No sería bueno coincidir en este punto antes de avanzar a ciegas? Aparte de todo lo anterior, existe una comisión técnica -que tiene un representante de cada senador de la comisión de trabajo- que está realizando una relevante y sigilosa labor, cuyas conclusiones aún no se han dado a conocer.
Pese a todo lo mencionado, el Gobierno quiere votar. Aunque, ¿qué quiere votar exactamente, puesto que desde la Cámara sólo llegó el cascarón vacío y no se han presentado indicaciones al proyecto? La ministra del Trabajo y Previsión Social Jeanette Jara reconoció que uno de los aspectos a considerar como motivo de un posible estancamiento en la tramitación de la reforma son las elecciones municipales que tendrán lugar el 27 de octubre. Si bien, es conocido que los periodos electorales cambian ciertas prioridades políticas, también sabemos que no es factible que un concejal, un alcalde, un gobernador o un consejero regional pueda mover la aguja en el tema previsional, dadas sus atribuciones -que inciden en otras muy relevantes materias.
Se puede deducir, por tanto, que el apuro sería por las legítimas aspiraciones parlamentarias que podrían tener algunos de los representantes del Ejecutivo involucrados en la discusión de la reforma. Los obligaría a renunciar un año antes, pero no precisamente por las municipales que no los afectan en la tramitación directa del proyecto.
Si fuese todo esto apuro relacionado con la reforma misma, cabe recordar que la Pensión Garantizada Universal (PGU) fue aprobada los últimos dos meses del gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Entonces, una cosa son los tiempos del gobierno y otros son los tiempos de aquellos que tienen una legítima aspiración parlamentaria.
La presente Eurocopa y la Copa América, nos han demostrado que los partidos se juegan hasta el último minuto. Varios equipos han sorprendido con una acción heroica en la agonía del partido.
El Gobierno del Presidente Boric culmina el 11 de marzo de 2026. La jugada debe ser en cuanto a la obtención de mejores datos para de verdad subir las pensiones haciéndose cargo de las causas, pero en ningún caso, una votación apresurada.
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