Cuenta Pública: Conformismo y ausencia de autocrítica en los resultados económicos. Por Hermann González

El análisis que se haga del crecimiento económico de esta administración no será positivo. El legado será una débil expansión de la economía, similar al de la segunda administración de la presidenta Bachelet. Será uno de los menores crecimientos desde el retorno de la democracia sin mediar una crisis externa.

No cabe duda de que este gobierno ha enfrentado dificultades para implementar su programa de gobierno, derivadas tanto de la ausencia de mayorías en el Congreso, como del fracaso de la propuesta de cambio constitucional que empujó con fuerza al inicio de su administración.

Esto los obligó a cambiar significativamente el rumbo en diversos ámbitos y a hacerse cargo de las prioridades de la población que, en muchos casos distaban de las prioridades originales del gobierno. Un ejemplo claro de este cambio quedó reflejado en la Cuenta Pública que puso a la seguridad ciudadana como uno de los ejes principales del discurso presidencial.

El discurso de este domingo se ordenó en torno a los logros y desafíos pendientes respecto de tres seguridades: la seguridad ciudadana, la seguridad social y la económica. Como todo mensaje político, no dejó de lado los guiños al 30% que respaldan al gobierno pese a todo y las críticas a la oposición, sobre todo a la derecha más dura que no ha participado de los acuerdos alcanzados en estos más de tres años. En este ámbito caen los anuncios respecto del cierre de Punta Peuco, la legalización del aborto y la aprobación de la reforma de pensiones aprobada por “casi todos”. El presidente deja de manifiesto que ahora valora los acuerdos que antes criticaba y se refirió en diversas ocasiones de forma positiva a los sectores de oposición que han dado su apoyo a los proyectos aprobados en su administración.

En materia económica, al inicio del discurso al parecer “el diablo metió la cola” al señalar el presidente que en uno de los logros de su gobierno ha sido acelerar la inversión. Muy por el contrario, lo que ha ocurrido es que la inversión cayó durante 2023 y 2024. Si bien se proyecta que este año vuelva a crecer y el catastro de inversión muestra un aumento de los proyectos con cronograma definido, no es claro si esto tiene que ver con la gestión de este gobierno o más bien se relaciona con lo que no se hizo estos años y con las mejores perspectivas en un año de elecciones presidenciales.

Por su parte, cuesta entender que en estos años de gobierno no se haya actuado con mayor decisión para enfrentar la grave crisis que atraviesa el sector de la construcción y que impacta directamente a las familias de menores ingresos y a la población más joven que hoy no puede acceder a una vivienda propia.

En materia fiscal, comparar el aumento de la deuda con la del gobierno anterior como se hace en esta Cuenta Pública es mañoso y mal intencionado, porque omite que el segundo gobierno del presidente Piñera debió lidiar con los efectos del estallido y de la pandemia. Este gobierno, en condiciones externas normales ha incumplido sus metas fiscales, ha usado los fondos soberanos para financiar el déficit fiscal y ha postergado buena parte del ajuste fiscal para la siguiente administración.

El escándalo de las licencias médicas es un claro ejemplo de que se puede hacer mucho más para ajustar el gasto y hacer un uso más eficiente de los recursos públicos. El próximo gobierno heredará una situación fiscal estrecha, con un nivel de deuda pública que se acerca al nivel prudente y con escasas o nulas holguras fiscales.

En relación con el mercado laboral, como era esperado, la Cuenta Pública enfatiza los avances en materia de aumento del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral, la creación de empleos y la menor informalidad. Sin embargo, este relato omite que el desempleo ha subido y se ha estabilizado en la cercanía de 9%, mientras que antes del estallido y la pandemia fluctuaba bajo 7%. Es decir, la creación de empleos es insuficiente y esto responde tanto al débil crecimiento de la economía, como a los mayores costos de la contratación formal.

Las políticas laborales del gobierno han dejado de lado la importancia de la creación de empleos y los resultados están a la vista, el empleo se estancó y el desempleo subió posiblemente de forma estructural.

Es cierto que este gobierno recibió una economía sobrecalentada y que tuvo la responsabilidad de hacer un ajuste el primer año, pero también es cierto que el crecimiento económico no fue una prioridad de esta administración y eso llevó a que no se implementaran medidas para cambiar el rumbo, acelerar la inversión y el crecimiento de la productividad.

Los logros en materia de crecimiento económico son muy pobres. En la Cuenta Pública se destaca que el país creció lo más que pudo en el contexto heredado y que dicho crecimiento superó las expectativas. Esto revela un conformismo que debe llamar nuestra atención y llevarnos a la acción.

El país ha perdido su competitividad tributaria, mientras la inseguridad y la burocracia actúan como un impuesto adicional que desincentiva la inversión, mientras otros países de la región avanzan y se hacen más atractivos para los capitales. El proyecto de ley para acelerar los permisos sectoriales que está próximo a aprobarse es un avance, pero está lejos de ser la solución.

El análisis que se haga del crecimiento económico de esta administración no será positivo. El legado será una débil expansión de la economía, similar al de la segunda administración de la presidenta Bachelet. Será uno de los menores crecimientos desde el retorno de la democracia sin mediar una crisis externa. La evolución del crecimiento, la inversión y el empleo claramente no es un punto fuerte de este gobierno, por lo que habrá que mirar otros logros cuando corresponda analizar su legado económico.