A propósito de las próximas elecciones presidenciales, se ha comenzado a discutir sobre la posibilidad de reducción de gasto fiscal por entre US$ 1000 y US$ 2000 millones (en torno a 0.5% del PIB) y ponerle freno al aumento de la deuda pública, para que no sobrepase el umbral prudencial de 45% del PIB.
En un contexto donde el gasto fiscal sobrepasa los US$ 80 mil millones, la aspiración de eficiencia podría entenderse incluso como marginal. No obstante, es muy valorable que este tema se haya erigido como algo de preocupación transversal en el espectro político, existiendo un par de dimensiones de fondo que aún quedan pendientes de visualizar y que probablemente impliquen esfuerzos más allá de un gobierno de turno.
Durante la discusión de la última reforma tributaria, la comitiva técnica de la OECD levantó dos mensajes muy importantes. El primero es que aún la carga impositiva en Chile está por bajo el promedio de la OECD (34% del PIB versus 22%, ver gráfico 1). Si ajustamos la comparación, cuando los países del bloque tenían el ingreso actual de Chile, eran más similares con cargas tributarias fluctuando entre 25 y 30%.
Gráfico 1. Carga Tributaria (% PIB)
Segundo, hay un talón de Aquiles muy relevante y es que el impacto distributivo de la política fiscal y el gasto social es muy marginal en Chile (gráfico 2).
Gráfico 2. Coeficiente de Gini Pre y Post Transferencia e Impuestos
En efecto, mientras la inequidad basal que genera la economía chilena, no es muy distinta de la desigualdad estructural del resto de los países OECD, tras impuestos y transferencias hacia los más vulnerables el resto de economías mejoran sustancialmente (casi un tercio, mientras en Chile casi no se mueve).
¿A qué se debe ésto? Por un lado, el sistema tributario recauda mucho por consumo y poco por renta personal.
En efecto, alrededor del 75% de los trabajadores en Chile están exentos de impuesto a la renta y cerca de 67 mil personas alcanzan la tasa máxima con niveles relativamente bajos de ingresos si se comparan con los altos ingresos para una economía desarrollada. Por el lado de las empresas, sólo las 30 empresas del IPSA contribuyeron más de US$ 10 mil millones, es decir casi 13% del gasto fiscal total (estudio PwC Chile y Universidad de Los Andes).
Así, es evidente que las transferencias monetarias que reciben los hogares más vulnerables son modestas en relación a todo lo que se recauda. Ambos representan desafíos per se: cómo ser más eficientes en términos de destinar los recursos a quienes más lo necesitan y cómo rompemos la inercia para que una mayor fracción de empresas y personas contribuyan. Todo aquello en un contexto de mayor crecimiento económico, que ha continuado ser el principal motor para una mayor recaudación y una mejor política social.
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Déjà vu: la evaluación del directorio. Por Héctor Lehuedé. https://t.co/caD3aMwdtq
— Ex-Ante (@exantecl) September 9, 2025
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