El centralismo sigue siendo el principal obstáculo para el desarrollo de Chile. Mientras el 98 % del territorio carece de poder real de decisión, la modernización del Estado no puede seguir postergando su reforma más urgente: la descentralización política, administrativa y económica.
La frase “Santiago es Chile” no es solo un dicho popular: es la expresión más nítida de un país donde la toma de decisiones, los recursos y las oportunidades se concentran en la capital. Esta centralización ha producido una desconexión profunda con las realidades regionales, perpetuando brechas de desarrollo y descontento territorial.
En un país tan largo y diverso como el nuestro, la descentralización ya no es un lujo: es una necesidad estructural para construir desarrollo sostenible, cohesión social y confianza en las instituciones.
Decisión territorial
“Santiago es Chile” también implica que existe una concentración de poder en la capital respecto de las decisiones políticas, administrativas y económicas, lo que ha generado una profunda desconexión con las realidades y necesidades del 98 % del país (que es el porcentaje que las regiones representan del territorio). De aquí también que se ignoren situaciones y problemáticas regionales.
Según la OCDE, Chile sigue siendo un “caso extremo de centralismo”. En nuestro país, la inversión pública subnacional representa apenas un 11, 8 % del total, muy por debajo del promedio de la OCDE (58,8 %). A su vez, los gobiernos subnacionales (regionales y municipales) solo deciden sobre el 15 % de la inversión pública que se ejecuta en su territorio, en comparación con el 30 % a 50 % en los países desarrollados.
La elección popular de gobernadores regionales ha marcado un hito en la democratización territorial, por cuanto nuestro país –sin la Región Metropolitana– representa un 98 % del Chile continental. Esto genera mayores exigencias por parte de las regiones en cuanto a competencias y presupuestos propios. ¿Por qué ese 98 % del territorio no puede tener poder de decisión en lo que respecta a su territorio? Esto, porque aún persisten obstáculos institucionales: se mantiene la figura del delegado presidencial que compite en atribuciones con el gobernador regional.
Hay que entender que la descentralización regional no es solo deseable, sino que es la principal reforma pendiente del Estado chileno. Su modernización no puede limitarse a reducir su tamaño o a digitalizar servicios. Parafraseando al presidente Mitterand, “Chile necesitó del centralismo para constituirse como nación. Ahora necesita de la descentralización para transformarse en un país desarrollado”.
Lógica geográfica y territorial
Chile es un país de 4.270 Km de extensión, con profundas diferencias regionales en su estructura productiva, energética, problemas de agua y efectos del cambio climático. En resumen, existe una gran heterogeneidad regional. Luego, es evidente que no existe una plantilla (blueprint) que sirva para todas las regiones.
La perspectiva e información que los funcionarios y expertos ubicados en Santiago tienen es distorsionada, inexacta e incompleta respecto de la mayoría (o la totalidad) de las regiones. Por ello, no responde a las sensibilidades locales. En otras palabras, Chile, sin Santiago, tiene que reducir su dependencia respecto del gobierno central.
Esto involucra a los Servicios Regionales Ministeriales (SEREMIS) o delegados ministeriales que operan bajo una lógica sectorial que limita la autonomía regional, lógica que debiera ser reemplazada por una lógica territorial.
La lógica geográfica-territorial se fundamenta en la planificación y asignación de recursos en función de las particularidades de cada territorio, sus actores y su identidad regional, más que de los sectores económicos o administrativos definidos a nivel central.
Las principales ventajas de la lógica geográfica-territorial son: (a) adecuación a la diversidad territorial; (b) visión integrada de desarrollo, en lugar de políticas fragmentadas por sector; y (c) participación ciudadana y gobernanza local (la planificación territorial fomenta instancias de decisión descentralizadas, legitimando las políticas públicas).
Las principales desventajas de la lógica sectorial, por su parte, son: (a) fragmentación de políticas públicas en que cada ministerio define intervenciones de forma aislada; (b) centralismo y falta de pertinencia territorial; y (c) escasa participación regional (los actores territoriales tienen poco margen de incidencia en las decisiones sectoriales asociadas a su territorio).
Lo anterior implica transferir gradualmente competencias efectivas a los gobiernos subnacionales –transporte, obras públicas, turismo, salud y vivienda– asegurando que todo traspaso de atribuciones siempre vaya acompañado del presupuesto apropiado, evitando traspasar funciones sin financiamiento.
Debate sobre crecimiento económico nacional y regional
El actual debate nacional sobre el crecimiento económico en Chile omite casi por completo la dimensión regional, y se restringe a:
Las propuestas santiaguinas tienen varios problemas: falta la perspectiva de un país llamado Chile, que está constituido por regiones heterogéneas; no hay narrativa ni inclusión de los tópicos relevantes para el desarrollo económico; y no existe una visión de futuro, por el contrario, predomina el cortoplacismo.
A nivel regional, el debate sobre crecimiento económico es diferente y más concreto. Cada región tendrá que definir y liderar su propio ritmo de desarrollo. Esto implica asumir responsabilidades a partir de las autoridades regionales —gobernadores y Corporaciones Regionales (CORES)— y plantear una estrategia basada en problemáticas locales. ¿Qué sectores productivos liderarán el crecimiento regional? ¿Qué aspiraciones, urgencias y demandas tiene la población local? ¿Cuántos empleos, de qué tipo, y dónde se generarán? ¿Cómo mejorar la productividad, especialmente en las PYMES? ¿Cómo queremos que la región sea en el año 2050?
Estas interrogantes deben materializarse en una Estrategia Regional de Desarrollo (ERD), que actúe como carta de navegación. La ERD es una radiografía del presente y un diseño de escenarios futuros. Define objetivos, identifica obstáculos y establece prioridades de inversión a largo plazo.
Su implementación recae en una “cuádruple alianza regional”: gobiernos regionales, sector productivo, universidades y sociedad civil organizada. Esta alianza es más factible a nivel regional, donde los actores se conocen, tienen intereses comunes, perciben mejor los beneficios de las iniciativas conjuntas y saben que van a convivir ahí los próximos 50 años.
La ERD asume explícitamente que las exportaciones son el motor de crecimiento. Ya no se trata de producir para Santiago, sino que de integrarse al mundo global. El 91.5 % de las exportaciones chilenas se genera en regiones. Dado que los agentes productivos están allá y tienen mejor know how donde están sus ventajas comparativas, ya es el tiempo de transferirles mayor poder de decisión.
Chile necesita pasar de un modelo donde las regiones dependen de decisiones desde Santiago, a uno en que cada una pueda diseñar e implementar sus políticas, con autonomía y responsabilidad. Solo así la modernización del Estado dejará de ser una frase vacía y se convertirá en un proyecto nacional compartido: un Chile más equilibrado, inclusivo y capaz de crecer desde todos sus rincones.
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AFIDE: una oportunidad para las empresas chilenas. Por Francisco Meneses. https://t.co/GgRQRzdqbz
— Ex-Ante (@exantecl) October 14, 2025
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